El próximo 5 de marzo, cuidadoras, cuidadores y personas con discapacidad se movilizarán a la plazoleta del Concejo de Bogotá para exigir lo que nunca debió ser arrebatado: su derecho a una movilidad digna.
Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, la concejal Ana Teresa Bernal manifestó su total respaldo a esta justa indignación, señalando que la administración de Carlos Fernando Galán ha decidido reducir los derechos adquiridos de esta población con la expedición de los Decretos 061 de 2024 y 010 de 2025, sumados a la permanencia del Decreto 131 de 2017. Estas medidas han afectado directamente el subsidio de transporte y las tarifas diferenciales en el sistema de transporte público, generando un impacto negativo en la calidad de vida de miles de personas.
"Esta es una clara muestra de cómo la administración prefiere recortar derechos a los más vulnerables en lugar de buscar alternativas de financiación más equitativas. ¿Cómo puede justificarse que sean las personas con discapacidad quienes terminen pagando el costo de la crisis del sistema de transporte?", cuestionó la concejal Bernal.
El Acuerdo 484 de 2011 y su Decreto Reglamentario 429 de 2012 establecen la obligación del Distrito de garantizar la movilidad de esta población, sin embargo, la actual administración ha desconocido estos lineamientos, imponiendo barreras adicionales a quienes ya enfrentan enormes dificultades en su vida cotidiana. Además, condicionar estos derechos al puntaje del Sisbén es una medida regresiva que desconoce la realidad de miles de personas que dependen de este subsidio para desplazarse a sus trabajos, citas médicas o espacios de socialización.
Desde la oposición, la concejal Ana Teresa Bernal seguirá denunciando estas injusticias y exigiendo que la administración escuche a la ciudadanía en lugar de imponer decisiones que afectan a los más vulnerables. "Es hora de que el alcalde Galán rectifique y derogue estas medidas que golpean a la población con discapacidad y a sus cuidadores. No se puede construir una ciudad más justa sobre la base de la exclusión", concluyó la concejal.
La movilización del 5 de marzo será un espacio para exigir respeto a los derechos adquiridos y garantizar que la voz de quienes han sido afectados sea escuchada.
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