En el debate de control político: ¿Qué pasará con los trabajadores de los sindicatos del estadio Nemesio Camacho El Campín? en la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, la concejala Ana Teresa Bernal del Pacto Histórico, cuestionó las condiciones del contrato firmado entre el Distrito y la empresa privada Esencia para la remodelación y operación del estadio Nemesio Camacho El Campín. La cabildante puso sobre la mesa preocupaciones económicas, sociales y éticas alrededor de esta alianza público-privada y formuló una serie de preguntas críticas dirigidas a la Administración Distrital, que aún no han sido respondidas de manera satisfactoria.
Durante su intervención, Bernal recordó que hasta el año pasado el estadio generaba ingresos por más de 12.000 millones de pesos anuales para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), monto que se recibía gracias al modelo de arriendo que se aplicaba a eventos deportivos y conciertos. “Nos han vendido la idea de que este contrato no le cuesta nada al Distrito, pero eso es falso. Ya dejó de percibir esos ingresos. Si hacemos cuentas, en 30 años estamos hablando de al menos 360.000 millones de pesos que ya no entrarán a las arcas del IDRD”, explicó.
Además, la concejala formuló un llamado a los órganos de control para que se investigue un posible detrimento patrimonial. “Solicito a la Contraloría de Bogotá abrir una investigación formal sobre este caso. No es menor que el gerente de Esencia, Jaime Luque, haya sido asesor del despacho del director del IDRD entre 2016 y 2019 y que, desde esa posición, participara en la estructuración del contrato. Hoy, como representante legal de la empresa privada que se beneficia del negocio, se presenta un claro indicio de conflicto de intereses que debe esclarecerse”.
Preguntas al Distrito: ¿Desarrollo para quién y con quiénes?
Ana Teresa Bernal reafirmó su respaldo a que Bogotá modernice su infraestructura deportiva y cultural, pero insistió en que ese desarrollo debe hacerse de manera equitativa, transparente y con participación ciudadana. “No somos enemigos del deporte, de la alegría ni de la inversión, como algunos quieren mostrarnos. Somos amigos del desarrollo con justicia social, que respete la Constitución y que no sacrifique lo público”, aseguró.
La concejala enumeró varias preguntas que elevó oficialmente a la administración distrital a través de un derecho de petición y que reiteró en la sesión de control político:
- ¿Por qué el Distrito renunció a los ingresos que representaban el alquiler del Campín?
La concejala solicita que se haga pública la evaluación financiera que llevó a considerar viable este modelo, considerando que se perderán recursos públicos significativos durante tres décadas. - ¿Cuál fue la participación real de la comunidad en la estructuración del proyecto?
Se solicitó un informe detallado sobre las “mesas técnicas” anunciadas por el IDRD. ¿Con quiénes se hicieron?, ¿qué acuerdos se alcanzaron?, ¿cómo se garantizó la participación de los vecinos, vendedores informales y trabajadores del estadio? - ¿Qué medidas se tomaron para proteger los derechos laborales de los trabajadores y sindicatos que operaban en el Campín?
Bernal expresó preocupación por el futuro de los empleados que hacían parte del entorno laboral y logístico del estadio. “Queremos saber si fueron incluidos en los nuevos modelos de operación o si simplemente fueron marginados”, dijo. - ¿Por qué la Filarmónica de Bogotá, que debía ser una de las beneficiarias culturales del nuevo proyecto, solo tendrá una sala en préstamo para ensayos?
Según información oficial, la Orquesta Filarmónica solo contará con un espacio de ensayo sin sede propia. “Se perdió la oportunidad de fortalecer la cultura bogotana en este proyecto de gran envergadura”, lamentó la concejala. - ¿Cómo se garantizaron los principios de interés público en la estructuración contractual?
La concejala pidió conocer los estudios técnicos, financieros y jurídicos completos del contrato y solicitó que se haga pública la relación de funcionarios involucrados en su estructuración.
Una ciudad que no debe renunciar a lo público
Ana Teresa Bernal hizo énfasis en que este tipo de contratos evidencian una tendencia preocupante: “la entrega sistemática de lo público a intereses privados, sin pensar en la sostenibilidad financiera de la ciudad ni en el bienestar de las comunidades”.
“El estadio El Campín fue una donación de la familia Camacho para el disfrute de los sectores populares de Bogotá. Hoy vemos que su legado se diluye, sin garantías claras para los vendedores tradicionales, sin inversión directa del Distrito y con condiciones claramente ventajosas para la empresa privada”, señaló.
Finalmente, la concejala exigió que se dé transparencia plena al contrato y que se priorice el bienestar colectivo: “No se trata de rechazar el progreso, se trata de preguntarnos para quién es ese progreso. El desarrollo urbano debe hacerse con la gente, no a costa de ella”.
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