Durante la sesión plenaria del Concejo de Bogotá, en el marco del Debate de Control Político: Foro de Rendición de Cuentas sobre la Declaratoria de Emergencia Climática, la concejala Ana Teresa Bernal, de la bancada Colombia Humana, coalición Pacto Histórico, llamó la atención sobre la falta de coherencia entre los compromisos adquiridos por la ciudad y las acciones reales emprendidas por la actual administración para enfrentar la crisis climática.
“Hoy nos convoca nuevamente este recinto con la expectativa legítima de que Bogotá asuma, de manera decidida, los desafíos de la emergencia climática. No podemos seguir postergando la adopción de una gestión pública que coloque en el centro la reducción de la vulnerabilidad de la ciudadanía y del territorio, la transición hacia energías renovables y el fortalecimiento de la resiliencia frente a los impactos de la crisis climática global”, señaló la concejala Bernal.
Bernal, cuestionó el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo 790 de 2020, instrumento clave aprobado por el Concejo de Bogotá para garantizar la gobernanza y la justicia climática. Según la concejala, el desconocimiento sistemático de sus mandatos y la falta de acciones transversales efectivas demuestran una preocupante distancia entre la norma y la ejecución administrativa, lo que debilita la confianza ciudadana y compromete la capacidad institucional de la ciudad.
Gestión integral de residuos y crisis en Doña Juana
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la crisis de basuras que vive Bogotá. Bernal recordó que el Mandato 6 del Acuerdo 790 ordena una solución integral y sostenible para la disposición de residuos sólidos y la transformación del modelo de operación del Relleno Sanitario Doña Juana.
“La realidad es alarmante: Doña Juana recibe entre 6.500 y 7.500 toneladas diarias de basura, con una tasa de aprovechamiento que apenas alcanza el 16%. El plan de cierre progresivo no existe y la transición hacia una economía circular sigue sin hoja de ruta”, expresó Bernal.
La concejala denunció además la falta de transparencia en la ejecución presupuestal y en los convenios suscritos por la UAESP para la generación de energía limpia a partir de residuos orgánicos. “Se habla de $9.300 millones invertidos, pero no hay claridad sobre los resultados ni sobre el avance real del proyecto de biogás o biometano para el transporte público. Exigimos respuestas concretas y verificables”, enfatizó.
Asimismo, Bernal advirtió sobre la inminente finalización de los contratos de aseo en febrero de 2026, en medio de una crisis creciente de disposición de residuos. “La propuesta de la administración carece de sustento técnico y deja a la ciudad al borde de la incertidumbre sobre la continuidad del servicio”, señaló.
Gobernanza climática y participación ciudadana
La concejala insistió en que la gobernanza climática no puede seguir siendo una declaración simbólica. “Bogotá necesita involucrar de manera efectiva a la ciudadanía, la academia y las organizaciones sociales en la gestión del riesgo y del cambio climático. La participación ciudadana no puede seguir siendo marginal”, sostuvo.
Recordó que el Panel Distrital de Cambio Climático, creado por el artículo 8 del Acuerdo 790 como espacio consultivo del Concejo, se instaló con dos años de retraso y aún carece de una metodología pública de seguimiento. “No hay tablero de indicadores ni mecanismos de acceso público a la información. Exigimos transparencia total: sin ella no hay confianza ni control social”, puntualizó Bernal.
Economía solidaria, resiliencia y trabajo digno
Bernal cuestionó también la falta de avances en los mandatos sobre economía solidaria y empleos verdes, que son fundamentales para una transición justa. Según explicó, desde el inicio de la actual administración no se ha consolidado una política distrital que promueva la resiliencia, el trabajo digno y los empleos sostenibles.
“¿Dónde están los empleos verdes? ¿Cuál es el impacto real de los programas de transición justa? ¿Cómo se han invertido los recursos internacionales de cooperación?”, preguntó la concejala, al señalar que la ausencia de una estrategia clara contradice los principios de justicia ambiental que deberían guiar las políticas públicas de la ciudad.
Para Bernal, la economía solidaria y el trabajo digno son pilares de la resiliencia urbana y deben traducirse en políticas verificables. “No son promesas: son obligaciones éticas y ambientales que Bogotá no puede seguir postergando”, recalcó.
Salud y adaptación al cambio climático
En su intervención, la cabildante también advirtió sobre la falta de articulación entre las políticas de salud pública y los efectos del cambio climático. “El Mandato 5 del Acuerdo 790 exige incorporar la variable climática en el sistema distrital de salud. Sin embargo, seguimos viendo incoherencias entre el discurso y la acción”, dijo.
Bernal criticó el retraso en la transición energética del transporte público, que incide directamente en la calidad del aire y la salud ambiental, y alertó sobre la desactualización de la Política Distrital de Salud Ambiental, vencida desde 2023. “Bogotá está operando con una política caduca, sin indicadores actualizados ni instrumentos de respuesta ante enfermedades asociadas al cambio climático. Esto pone en riesgo la vida de la población más vulnerable”, advirtió.
Finalmente, la concejala hizo un llamado a la administración distrital para que asuma con responsabilidad política y técnica los compromisos adquiridos con la Declaratoria de Emergencia Climática: “Bogotá no puede seguir en la retórica mientras se incumplen los mandatos de la justicia ambiental. Es momento de pasar de las palabras a las acciones concretas. La emergencia climática no admite demoras: exige decisiones valientes que definan el futuro ambiental de nuestra ciudad”.
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