APP El Campín: El Multibillonario Autogol que se metió Bogotá

En debate de control político a la APP Unidad Deportiva El Campín, la concejal María Victoria Vargas Silva manifestó varias inquietudes alrededor de lo que viene para el proyecto. “Desde contradicciones legales hasta un “autogol” financiero”, que hoy se enfrenta a un futuro incierto debido a una concesión que no es favorable para el Distrito Capital”, aseguró la concejal Vargas Silva.

“La historia de la renovación del complejo deportivo El Campín comenzó con la administración de Peñalosa, cuando en 2018, varias empresas privadas como PRODUCCIONES Y EVENTOS 991, ESCENARIOS Y ESTRUCTURAS DEPORTIVAS (hoy CONCÉNTRICA) y GECAR INGENIERÍA, le presentaron el proyecto al entonces alcalde Enrique Peñalosa, quien finalmente aprobó los estudios de prefactibilidad, esas firmas son las mismas que ahora conforman la sociedad SENCIA, quienes actualmente operan el proyecto y contratan servicios de logística para el mismo estadio,  resaltó la concejal Vargas.

A escasas 48 horas de que Claudia López dejara la alcaldía, el 28 de diciembre de 2023, la alcaldesa adjudicó la obra al grupo denominado Complejo Cultural y Deportivo El Campín (CDEC), que fueron los promotores de la Alianza Publico Privada y quienes durante seis años estructuraron y ajustaron el proyecto. “Finalmente, el contrato lo firmó en junio pasado la alcaldía de Carlos Fernando Galán”.  

Así mismo, la concejal María Victoria expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado el proyecto de renovación del complejo deportivo El Campín, el cual, en sus inicios, fue presentado como un espacio de uso exclusivamente deportivo, pero que hoy se está convirtiendo en un proyecto mixto con un fuerte componente comercial. La cabildante del Partido Liberal explicó que Enrique Peñalosa, en sus últimos días como alcalde, anunció que el proyecto de renovación del complejo deportivo El Campín sería un proyecto con una destinación exclusivamente deportiva. Que además de un nuevo estadio, habría un complejo acuático, parque deportivo, gimnasio, nutrición deportiva, restaurantes, cancha polideportiva, canchas de tenis, entre otras.

Este proyecto tiene sus raíces en una donación histórica realizada el 9 de noviembre de 1937, mediante Escritura Pública No. 3305, cuando Leonilde Matiz Viuda de Camacho y Luis Camacho Matiz, donaron el terreno donde se encuentra el Estadio Nemesio Camacho El Campín, destinado exclusivamente para construir en él un estadio, como también, para la construcción de un parque, y que dicho estadio llevara el nombre del difunto padre de los donantes, es decir, Nemesio Camacho.

La concejal explicó que, de acuerdo con el Código Civil, este tipo de donaciones no es condicional, sino modal, lo que implica que el uso del terreno debe ser exclusivo para el estadio de manera permanente. Además, destacó que la administración actual ha incumplido otro de los pactos, al permitir que el concesionario negocie los “Naming Rights” o “derechos de nombre”, lo que permitiría cambiar el nombre del estadio, violando nuevamente la voluntad de los donantes.

La cabildante subrayó que, durante 87 años, las administraciones han cumplido con este pacto, permitiendo a los bogotanos disfrutar del estadio, pero actualmente se está poniendo en riesgo su permanencia bajo esas condiciones. Según la concejal, la actual administración ha interpretado erróneamente las cláusulas de la donación, pretendiendo que el cumplimiento de la construcción del estadio ya es suficiente para liberar al Distrito de la obligación de usar el terreno exclusivamente para dicho fin.

La concejal Vargas también se refirió a un fallo pendiente de segunda instancia relacionado con una acción popular en el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, en el que se reconoce que la mayoría del terreno debe destinarse estrictamente a actividades deportivas.

Sin embargo, Al revisar el contrato de concesión firmado el 7 de junio de 2024, la concejal María Victoria evidenció una discrepancia alarmante. “Lo que comenzó como un proyecto exclusivamente deportivo ahora incluye una gran cantidad de espacios para usos comerciales que no corresponden a la finalidad original. De acuerdo con el Apéndice Técnico 1 del contrato de APP, solo el 31.7% del espacio total estará destinado a actividades deportivas, mientras que el 68.3% restante será para usos no deportivos, especialmente comerciales”, afirmó la concejal.

“Es preocupante que lo que se prometió como un proyecto deportivo para los bogotanos, ahora se esté transformando en una iniciativa que privilegia lo comercial sobre lo deportivo. Solo 131,600 metros cuadrados estarán destinados a actividades deportivas, lo que representa una pequeña fracción del total. Esto no fue lo que se les prometió a los ciudadanos, y es esencial que la administración aclare este punto y respete los compromisos asumidos, dado que, la exalcaldesa Claudia López, le hizo modificaciones a la APP que dejó en el papel firmada el exalcalde Enrique Peñalosa, donde cambiaron el uso dotacional de los terrenos, estos, ya no serían 100% deportivos. Este contrato de concesión no solo contraviene la promesa inicial, sino que también pone en riesgo el propósito de contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva en Bogotá”. Subrayó la concejal Vargas.

Para María Victoria Vargas, el contrato firmado, al final de la administración de Claudia López, fue un “meganegociado” a favor del consorcio privado “SENCIA”, quien gestionará el estadio durante los próximos 30 años. “En contraposición, la ciudad recibirá beneficios mínimos: un palco, 100 tiquetes para la promoción de deportistas inscritos en el registro distrital para asistir a algunos partidos de la primera y segunda división del futbol profesional, y un porcentaje de los ingresos que no superará el 0.2% anual, es decir, aproximadamente 235 millones de pesos, frente a los 10 mil millones que se recaudaban antes por boletería”. Puntualizó la concejal.

Cabe resaltar, que hasta el año 2024, el IDRD recibió aproximadamente por uso del estadio en contraprestación el 12.5% del ingreso por concepto de venta de boletería en los partidos y eventos. Este reconocimiento fue el resultado del artículo 2 del Acuerdo Distrital 4 de 1978, que prescribe como función del Instituto la de “Administrar los escenarios deportivos de modo que, dentro de los criterios de esparcimiento para los ciudadanos, permitan ingresos en taquillas para atender al mantenimiento y mejoramiento de los mismos”. Estos ingresos por boletería le significaron al distrito durante 3 años 2021-2023 más de $22 mil millones, distribuidos anualmente así:

Recaudo IDRD 2021-2023

“Con los ingresos del año 2023 (aproximadamente $10 mil millones), se habrían podido financiar los gastos operacionales de los CEFE que ascendieron a $6.933 millones, e Igualmente, se le podría hacer mantenimiento a más de 400 parques. Aseguró la cabildante.

Así mismo, la concejal señaló que “CDEC” se dio la maña de ceder el contrato a “SENCIA”. Si bien, no es ilegal, el IDRD le reconoce a Sencia S.A.S., en el flujo financiero de la estructuración, los $20.000 millones que gastó CDEC. Este tipo de jugadas, dejan mucho que pensar de lo que será el manejo de esta APP”, recalcó Vargas Silva.

Ahora, si el negocio es fructífero para la ciudad o no, el pacto es que el IDRD reciba el 1 % de las ganancias de la boletería en estos primeros años de concesión, valor que hoy día, “SENCIA” estima en $118.000 millones anuales, monto atractivo si observamos que, solo el año pasado, gracias a los múltiples conciertos de Karol G, Paul McCartney, entre tantos otros, la entidad obtuvo $14.000 millones por el 12,5 % que le corresponde de la boletería.

El problema es que el 80% de ese 1% que recibirá el Distrito durante 15 años, según el literal (VIII) de la sección 3.2 del contrato, deben ser destinados a “la atención de riesgos a cargo del IDRD”. Esto “significa que los recursos que se perciban se destinaran a la misma concesión, la cual tiene por objeto la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura y la ciudad queda recibiendo solo $235 millones”, enfatizó la cabildante.

Adicional a esto, hay una sensación de incertidumbre respecto al futuro del estadio El Campín, puesto que, durante toda la estructuración del proyecto se estableció que se iba a remodelar el estadio actual ampliando su capacidad, pero medios como Publimetro han afirmado que se construirá otro estadio completamente nuevo, lo que contradice los estudios iniciales. “Este cambio de rumbo no solo genera incertidumbre, sino que también podría suponer nuevos costos para el Distrito. ¿Se modificarán las condiciones del contrato? ¿Se asumirá más deuda por parte del IDRD?, señaló Vargas Silva.

“Estamos ante un acto de irresponsabilidad que podría tener repercusiones no solo legales, sino también sociales y culturales para los bogotanos. Lo que comenzó como un simple acuerdo de donación ha derivado en un proyecto que podría convertirse en un autogol millonario para la ciudad”, señaló la concejal.

El contrato fue adjudicado a la ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA COMPLEJO CULTURAL DEPORTIVO EL CAMPÍN CDEC SAS, con NIT 901.436.566-7, pero fue firmado por el CONCESIONARIO SENCIA S.A.S., con NIT 901.797.947-8, evidenciando que se trata de dos personas jurídicas distintas, así tengan los mismos socios. Esto le generó interrogantes a la concejal Vargas, quien se preguntó ¿por qué una sociedad recibe la adjudicación y otra firma el contrato? La respuesta se encuentra en el mecanismo legal que permitió que el CONCESIONARIO SENCIA SAS obtuviera presuntamente el reconocimiento de $20 mil millones por los costos de estructuración, a pesar de no ser el originador del proyecto. Según el Parágrafo 4, modificado por el Artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, si el originador no resulta seleccionado, el adjudicatario debe pagarle los costos de los estudios realizados. Sin embargo, en este caso, el contrato firmado incluyó una modificación clave: los costos de estructuración se pagarían incluso si el originador era el adjudicatario, lo cual no estaba previsto en el borrador inicial publicado en el SECOP.

Aunque no es ilegal, resulta cuestionable que SENCIA SAS reconociera los $20 mil millones en el flujo financiero, correspondientes a los costos de estructuración que originalmente había incurrido CDEC. Esta situación no habría ocurrido si CDEC hubiera ejecutado directamente el proyecto, lo que plantea dudas sobre el manejo de los recursos en este proyecto.

Por otra parte, la concejal hizo especial énfasis en una figura que ha generado inquietud: Jaime Luque Ramírez, quien en 2018 se desempeñaba como Asesor de Dirección para   APP del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y que, según María Victoria, siete años después, es el gerente general y representante legal suplente de “SENCIA”, la firma encargada de llevar adelante el proyecto de renovación de la APP Unidad Deportiva El Campín.

“Lo que más me llama la atención es que el mismo señor Jaime Luque, quien en su momento fue el encargado de revisar y aprobar los estudios de prefactibilidad del proyecto en el IDRD, hoy sea el gerente de la APP que gestionará El Campín durante los próximos 30 años. Esto genera dudas legítimas sobre lo que podría considerarse una ‘puerta giratoria’, donde el paso de un cargo público a una firma privada encargada de un proyecto tan importante no parece del todo transparente”, destacó la concejal.

Además, Vargas Silva subrayó que la figura de “puerta giratoria” no es nueva en el ámbito público y privado, pero advirtió que en este caso, es crucial que los ciudadanos tengan claridad sobre el proceso y se garantice la transparencia en la adjudicación y ejecución del proyecto de renovación del complejo deportivo.

Finalmente, la concejal hizo un llamado a la administración distrital para que rectifique el rumbo del proyecto y garantice que El Campín continúe siendo un lugar principalmente destinado al deporte y al bienestar de los bogotanos, tal como fue planteado desde el inicio. “Es imperativo que Bogotá cuente con espacios para la actividad física y deportiva de calidad, y no podemos permitir que este proyecto se desvíe hacia intereses comerciales que solo benefician a unos pocos, en lugar de alentar la sana práctica deportiva para todos los ciudadanos”, concluyó la concejal Vargas Silva.

Correo: Carmenpumarejo16@gmail.com