- El Cabildante denunció que en un 31% aumentaron las conductas que vulneran la libertad religiosa entre enero y septiembre de 2024.
- En un 50% incrementaron las amenazas de muerte contra líderes religiosos en el mismo periodo.
- Más de 200 ciudadanos se han sumado a la lucha contra el sesgo anti-creyente en Bogotá, liderada por el concejal Barrios.
La denuncia penal interpuesta por el concejal Andrés Barrios ante la Fiscalía General de la Nación, por los presuntos delitos de actos de discriminación (art. 134A del Código Penal) y perturbación de ceremonias religiosas (art. 202 del Código Penal), tras los hechos ocurridos el 2 de abril de 2026 en la Iglesia de San Francisco, en pleno centro de Bogotá, desató una ola de reacción ciudadana.
En cuestión de días, más de 200 colombianos se han sumado a esta causa, respaldando la iniciativa del cabildante para combatir el sesgo anti-creyente en la capital y como resultado de este proceso, ya se realizó el primer encuentro con el objetivo de avanzar en la constitución de una mesa ciudadana para la construcción del Proyecto de Acuerdo que será radicado en el Concejo de Bogotá.
En este sentido, el Cabildante participó hoy en el debate de control político sobre garantías institucionales para la protección de la libertad religiosa, la convivencia ciudadana y los límites del ejercicio de la protesta en Bogotá, donde denunció que los hechos ocurridos el 2 de abril no son aislados, sino el reflejo de un clima creciente de intolerancia.
El concejal Andrés Barrios advirtió que: “Mientras el Gobierno elimina protecciones, las amenazas contra líderes religiosos aumentaron un 50% y las agresiones a la libertad de culto un 31%, entre enero y septiembre de 2024. Esto evidencia un deterioro grave en las garantías para el ejercicio de la fe en el país. Por eso, más de 200 ciudadanos ya se han unido a esta causa, lo que está en juego es un derecho fundamental que cobija a casi el 90% de los colombianos”.
En este sentido, cuestionó también las declaraciones del presidente Gustavo Petro en actos oficiales, así como decisiones del Gobierno Nacional como la expedición del Decreto 1285 de 2023 del Ministerio del Interior, que eliminó a los líderes religiosos de los esquemas de protección, una medida que, según la Defensoría del Pueblo, debía ser revertida de manera urgente, señalando que la actividad religiosa, en el contexto de violencia que vive el país actualmente, se ha convertido en una actividad de riesgo.
De igual manera, el concejal hizo un llamado al Concejo de Bogotá y a las autoridades distritales para garantizar que la libertad religiosa tenga la misma protección que otros derechos en el espacio público, especialmente en contextos de movilización social.
Cabe resaltar que, durante el debate, el concejal Barrios presentó tres propuestas claras, viables y directamente orientadas a cerrar este vacío institucional:
1). Crear un sistema distrital de registro de incidentes: Para identificar, georreferenciar y hacer seguimiento a ataques contra la libertad religiosa.
2). Adoptar un protocolo Distrital Unificado de Atención a la Discriminación Religiosa: Con rutas claras para atender casos, proteger a las víctimas y garantizar respuestas rápidas y efectivas por parte de las autoridades.
3). Implementar una estrategia de prevención y cultura de respeto a la libertad religiosa: Con campañas, educación y formación institucional que promuevan la convivencia y el respeto por todas las creencias.
“El mensaje final es claro: el sesgo anti-creyente no puede seguir siendo normal, ni aceptable, ni invisible en Bogotá; debe ser reconocido, enfrentado y erradicado. Bogotá no puede ser cómplice de ese clima por silencio. La libertad religiosa no es un derecho de segunda categoría y el Estado tiene la obligación de garantizarla sin excusas”, concluyó el concejal Andrés Barrios.
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