El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, denuncia graves irregularidades en los avalúos catastrales de predios de alto valor económico en la ciudad, hechos que habrían afectado directamente el recaudo del Impuesto Predial Unificado (IPU) y, en consecuencia, las finanzas del Distrito. Los casos analizados evidencian comportamientos atípicos, variaciones extremas entre vigencias consecutivas y alteraciones sustanciales en la base gravable, sin que se registren modificaciones físicas, estructurales o de uso que expliquen dichas fluctuaciones.
El primer caso corresponde al predio identificado con CHIP AAA0239CXHK, ubicado en el Centro Empresarial Buró 24, sobre la Avenida Esperanza con Avenida Ciudad de Cali, sometido al régimen de propiedad horizontal mediante Escritura 3918 del 26 de diciembre de 2012 de la Notaría 42 de Bogotá. Este complejo empresarial hace parte del portafolio del fondo inmobiliario Pactia, uno de los principales fondos de capital privado del sector inmobiliario en Colombia, estructurado como alianza entre Grupo Argos, Conconcreto y Protección
Según la Contraloría de Bogotá, el comportamiento del avalúo catastral fue claramente anómalo. En 2021, el inmueble registraba un valor de $27 mil millones; en 2022 descendió abruptamente a $152 millones, lo que representó una reducción del 99,4 %; y en 2023 volvió a incrementarse hasta $46 mil millones, con un aumento del 30,6 %.
El impacto fiscal fue evidente: para la vigencia 2022 se pagaron aproximadamente $1 millón doscientos mil por concepto de impuesto predial cuando el valor correcto debió rondar más de $290 millones.
El segundo caso corresponde a un predio vinculado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., quien actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista en Bogotá. El predio se identifica con CHIP AAA0030RJDE, ubicado en CL 9 11 48, matrícula inmobiliaria 050C00182695.
En 2025, el avalúo ascendía a más de $1.188 millones, en el año 2026 el avaluó descendió a $187 millones. La variación absoluta es de $1.001 millones, lo que representa una reducción del 84,26 % en la base gravable. En términos fiscales, el impuesto predial estimado pasaría de $12 millones anuales a apenas $1 millón quinientos mil, es decir, el 15,7 % de lo que se habría pagado el año anterior.
El tercer caso corresponde a un predio asociado a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO, identificado con CHIP AAA0030RHXS, ubicado en CL 9 11-22, matrícula inmobiliaria 050C01113780.
En 2025, el avalúo fue aproximadamente $2.500 millones, en 2026 se redujo abruptamente a $384 millones, con una disminución absoluta cercana a $2.000 millones y una reducción porcentual del 84,27 %.
El impuesto predial estimado pasaría de $24 millones a aproximadamente $3 millones anuales. En consecuencia, el valor a pagar en 2026 equivaldría apenas al 15,7 % de lo cancelado el año anterior.
El cuarto caso corresponde a un predio cuyo titular es BOGOTÁ D.C., identificado con CHIP AAA0030RLAW, ubicado en KR 11 9-07, con matrícula inmobiliaria 050C00195737. Este inmueble presenta una dinámica de avalúo claramente atípico en el período 2021–2026.
En 2021 registraba un valor catastral de aproximadamente $5.400 millones; para 2022 se observa una disminución abrupta cercana a $1.100 millones, lo que representa una reducción aproximada del 78,6 %, variación que excede los rangos habituales de actualización catastral.
En 2023 se produce un incremento extraordinario de 8.602 millones de pesos, con una variación anual del 648,8 %, no solo revirtiendo la caída del año anterior, sino superando ampliamente el valor de 2021. Este comportamiento evidencia una recomposición significativa del valor fiscal del predio.
A partir de 2024, la tendencia se estabiliza con incrementos progresivos, alcanzando $11.900 millones en 2026. En términos acumulados, entre 2021 y 2026 el avalúo registra un crecimiento del 121,7 %, es decir, superior al doble de su valor inicial.
Desde el punto de vista fiscal, esta trayectoria indica que el incremento del impuesto predial no puede atribuirse exclusivamente a ajustes tarifarios. Por el contrario, responde principalmente a una fuerte revalorización catastral, particularmente a la atípica observada entre 2022 y 2023, que constituye el punto crítico del análisis técnico al reflejar un cambio estructural en la valoración del predio, más allá de una actualización ordinaria.
Para el concejal José Cuesta Novoa, estos hechos no pueden considerarse simples errores administrativos aislados. Se trata de situaciones que comprometen la confiabilidad del sistema catastral y exigen explicaciones formales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y de la Secretaría Distrital de Hacienda.
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