Bogotá, la ciudad más desigual de Colombia: contundente intervención de Ana Teresa Bernal en debate de oposición sobre pobreza y política social

Creado: Martes 27 de mayo de 2025

En el marco del debate de control político impulsado por la Proposición 086 sobre Política Social y Lucha contra la Pobreza, la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, presentó una crítica fundamentada a la política social de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Su intervención, titulada “Bogotá, la ciudad más desigual de Colombia”, desnudó el fracaso de las estrategias gubernamentales actuales para combatir la pobreza y la exclusión social.

“Bogotá no camina segura, camina con hambre, con pobreza y con incertidumbre”, afirmó Bernal al señalar que los programas sociales del Distrito no han logrado superar un enfoque asistencialista y microfocalizado, propio de los esquemas neoliberales, y que siguen siendo de bajo impacto y sin una visión estructural que fomente capacidades, autonomía y movilidad social.

Bogotá: capital de la desigualdad

En su intervención, la concejala recalcó que Bogotá es la ciudad más desigual de Colombia, superando a otras capitales como Cartagena, Riohacha y Quibdó. Con un índice de GINI de 0.53, la capital del país evidencia mayores brechas sociales y económicas que ciudades como Santiago de Chile, Lima y Madrid.

A pesar de que el país logró una reducción histórica de la pobreza multidimensional en 2024, ubicándola en 11,5%, Bogotá registra un aumento alarmante de esta condición: pasó de 283.000 personas en 2023 a 431.000 en 2024, es decir, 148.000 personas más en situación de pobreza multidimensional en solo un año.

Bernal calificó esta situación como “una tragedia silenciosa” y un indicador de que la política social de la ciudad está fallando gravemente.

Fallas en la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado

Durante el debate, la concejala expuso su preocupación por el bajo impacto de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Para este programa, el Concejo de Bogotá aprobó en 2025 una inversión de $681 mil millones, dentro de un presupuesto general de $38.4 billones, de los cuales $2.3 billones fueron asignados a la Secretaría de Integración Social.

“La administración está concentrando los recursos del IMG solo en hogares en pobreza extrema, mientras que los hogares en pobreza monetaria quedan desprotegidos y en riesgo de caer en mayor pobreza”, señaló Bernal. Para ella, la estrategia actual no está logrando cerrar las brechas sociales, y por el contrario, profundiza la desigualdad.

¿Bogotá sin hambre? Una estrategia limitada frente a la magnitud del problema

La concejala también cuestionó la efectividad del programa “Bogotá Sin Hambre 2.0”, que contempla una inversión total de $4.6 billones, de los cuales $3.6 billones se destinan al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Si bien celebró el fortalecimiento del PAE, Bernal advirtió que la expansión de comedores comunitarios no tiene una fuente de financiación clara y que el monto de $138 mil millones para su operación durante el cuatrienio es insuficiente. “¿Cuántos comedores se han abierto en 2025? ¿Qué garantías existen para 2026 y 2027?”, cuestionó.

Además, alertó sobre la limitada cobertura del programa de raciones alimentarias: 77 millones de raciones proyectadas para el cuatrienio solo alcanzarán a 17.800 personas, equivalentes a apenas el 1.3% de los hogares clasificados en las categorías A, B y C del SISBÉN.

 

Vivienda: promesas sin transformación estructural

Bernal también criticó fuertemente el Plan Terrazas, calificándolo como una “estrategia que maquilla la precariedad” y que normaliza la desigualdad territorial y la informalidad habitacional.

En cuanto a los subsidios de vivienda, recordó que aunque el Plan de Desarrollo promete 75.000 subsidios, la línea base de 2023 fue de 19.600, por lo que la meta parece más simbólica que transformadora. Cuestionó que se sigan construyendo viviendas de 20 a 30 metros cuadrados para plataformas turísticas, mientras cientos de miles de bogotanos carecen de vivienda digna y los subsidios no logran cerrar las brechas financieras.

La situación de las víctimas del conflicto armado es aún más crítica: el 79,7% vive en arriendo, el 12,4% en modalidades como paga-diarios, y solo el 7,8% en vivienda propia. Bernal denunció que más del 40% de esas familias tienen niños y niñas viviendo en condiciones de hacinamiento y sin servicios básicos, lo que calificó como un abandono del Estado.

Una ciudad que excluye: inmigrantes y habitantes de calle en el olvido

En otro apartado, la concejala señaló la ausencia de una estrategia clara de integración socioeconómica para la población migrante, que ya alcanza 590.737 personas en Bogotá, representando el 7,4% de la población.

Criticó que no haya información clara sobre los recursos invertidos ni los resultados obtenidos de servicios como bonos alimentarios, alojamientos transitorios o asesorías jurídicas para esta población.

En cuanto a los habitantes de calle, advirtió que el censo oficial que cifra su número en 10.478 está subestimado. De acuerdo con organizaciones sociales, la cifra real superaría los 17.000. “El crecimiento del fenómeno exige una respuesta estructural, no una política de maquillaje”, enfatizó.

Exigencia de un cambio de rumbo

Ana Teresa Bernal concluyó su intervención con una advertencia contundente: “No hay Bogotá segura si hay más de un millón de hogares atrapados en la pobreza”. Reiteró que el Distrito debe dejar de autocomplacerse con cifras presupuestales y asumir un compromiso real y transformador con los sectores más vulnerables.

Pidió una evaluación técnica, transparente y crítica de los programas sociales actuales, y reiteró que sin justicia social, no puede haber una ciudad segura ni en paz.

¿Soluciones sociales o recursos para infraestructura?

Finalmente, la concejala se refirió al Decreto 315 de 2024, actualmente en proceso de reglamentación sobre el aprovechamiento económico del espacio público, el cual consideró profundamente regresivo. “Sin hacer mucho ruido, este decreto representa una grave amenaza para los trabajadores informales y vendedores ambulantes, pues impone cobros complejos sin resolver las causas de la informalidad”, denunció.

Planteó varias inquietudes:
 ¿El cobro del espacio público corrige realmente las causas estructurales de la informalidad? ¿Legalizar la informalidad sin apuntar a la superación de la pobreza invisibiliza la vulnerabilidad de estos trabajadores?
 ¿Estamos ante una privatización encubierta del espacio público?
 ¿Se está abriendo la puerta para que grandes marcas y multinacionales se apropien de los andenes, desplazando a los comerciantes populares?

“El Decreto 315 parece más un instructivo para recaudar fondos que una política seria de inclusión social. Hoy los ganadores son los formales y el fisco, y los perdedores son los pobres y los peatones. No se puede financiar infraestructura a costa de quienes menos tienen”, indicó.

Por otra parte Bernal  afirmó que, “Estamos ante una desconexión profunda entre la política pública y la vida cotidiana de la ciudadanía, lo cual ha llevado a que hoy los bogotanos naveguen entre un discurso oficial lleno de promesas y una precarización creciente en sus barrios y territorios”.

En materia de atención a la juventud, la concejala cuestionó la meta de aumentar de 28.000 a 40.000 los beneficiarios jóvenes en cuatro años, especialmente cuando solo las víctimas jóvenes del conflicto armado en Bogotá superan las 80.000 personas. “¿Es eso transformar la vida de una generación que enfrenta desempleo, falta de acceso a la educación y violencia estructural?”, cuestionó.

Bernal reiteró que los programas sociales propuestos en el Plan Distrital de Desarrollo son de bajo impacto y no están generando capacidades reales para que los hogares en situación de pobreza puedan integrarse económica y socialmente. “Existe un alto riesgo de que miles de familias caigan en pobreza extrema si no se adoptan medidas más ambiciosas y transformadoras”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado urgente a adoptar políticas integrales para atender a la población en pobreza extrema, los habitantes de calle y a evaluar con responsabilidad el impacto social del Decreto 315 de 2024. “Este decreto amenaza con convertir el espacio público en una mercancía y con desplazar a quienes históricamente lo han habitado por necesidad, no por elección”, concluyó.

Oficina Comunicaciones H.C Ana Teresa Bernal
Paola Salazar, Jefe de Prensa.

ypsalazar@concejobogota.gov.co

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