Durante el debate de control político sobre la transición del Sisbén hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos —RUI—, que comenzará a operar en julio de 2026, el concejal Rolando González advirtió que Bogotá no estaría preparada institucional ni operativamente para asumir los riesgos del nuevo modelo nacional de focalización social.
Uno de los principales hallazgos del debate fue la falta de trazabilidad inmediata sobre cientos de miles de transferencias monetarias enviadas a la población vulnerable mediante el programa Ingreso Mínimo Garantizado. Según cifras presentada por el cabildante, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 669 mil transferencias enviadas; sin embargo, 329 mil continuaban pendientes de validación.
Los datos revelados muestran que el problema ha venido creciendo mes a mes:
Enero: 20.401 (pagos pendientes de validación).
Febrero: 75.974
Marzo: 232.603
El concejal también reveló que el indicador institucional de “gestión de transferencias” apenas alcanzó el 52% durante 2025. Esto significa que, de todas las transferencias enviadas a pago, solo se logró verificar como exitosas poco más de la mitad. El propio informe institucional, atribuye el retraso en la validación de pagos de este año, a la ausencia de convenios activos con los operadores financieros:
“Es necesario señalar que, aún no se tiene la confirmación de todos los pagos enviados en marzo, debido a que en el momento no hay convenios con los operadores financieros y se está pagando por medio de otros mecanismos dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, y la confirmación del estado de las transacciones no es rápida.”
Para el cabildante resulta preocupante que la administración distrital no tenga hoy plena capacidad de confirmación y trazabilidad sobre cientos de miles de pagos enviados, en un programa donde se atienden a más de 1.700.000 beneficiarios al año.
El debate también evidenció la alta dependencia que mantiene Bogotá frente al Sisbén para focalizar programas sociales. Solo en 2025, cerca de 946 mil millones de pesos de la oferta social de la Secretaría Distrital de Integración Social fueron asignados utilizando este instrumento. Para 2026, la cifra asciende a $952 mil millones, eso equivale al 44% de los recursos que se destinan para los programas sociales de la entidad.
Otro de los puntos centrales del debate fue la advertencia sobre el uso creciente de actualizaciones automáticas del puntaje Sisbén vía registros administrativos y no por solicitud del ciudadano. Actualmente, el 43,2% de las personas registradas presentan actualizaciones correspondientes a 2025 y el 46,5% a 2026. Esto significa que cerca del 90% de las personas
registradas en el Sisbén tuvieron modificaciones en su clasificación sin necesidad de nuevas encuestas sociales.
El concejal advirtió además que la implementación del nuevo modelo podría generar subidas automáticas en el puntaje Sisbén, que ocasionarían exclusión temporal de beneficios como el de transferencias monetarias.
Finalmente, González hizo un llamado al Distrito y al Gobierno Nacional para:
- Garantizar plena trazabilidad sobre cualquier modificación en la información de los ciudadanos;
- Permitir que cada persona conozca qué entidad actualizó sus datos, qué variable cambió y cómo esto impactó su puntaje;
- Avanzar hacia un instrumento distrital complementario de focalización social
- Establecer rutas rápidas de revisión para evitar suspensiones injustificadas de ayudas sociales.
¿Qué es el RUI y por qué es relevante en este momento?
El Registro Universal de Ingresos —RUI— fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo como el nuevo instrumento oficial de focalización social en Colombia. A partir del segundo semestre de 2026, toda la oferta social del país deberá utilizar la información contenida en este sistema para asignar subsidios, transferencias y programas sociales.
A diferencia del Sisbén tradicional, el RUI funcionará principalmente mediante registros administrativos y cruces automáticos de información provenientes de entidades como la DIAN, la PILA y otras bases de datos estatales. Según el concejal González, esto significa que la clasificación social de millones de ciudadanos dejará de depender exclusivamente de encuestas y comenzará a modificarse periódicamente mediante actualizaciones automáticas de información administrativa.
Cel: 3002672637
