El próximo jueves 5 de junio, el Concejo de Bogotá debatirá el Proyecto de Acuerdo titulado “Por medio del cual se establecen espacios para el consumo de cannabis sativa en el Distrito Capital y acompañamiento en salud pública”, una iniciativa del concejal José Cuesta Novoa que representa un avance significativo hacia una política de drogas más sensata, garantista y centrada en la salud pública.
Esta propuesta busca establecer lineamientos claros para el consumo regulado y responsable de cannabis sativa en la ciudad, respetando los derechos de las personas adultas consumidoras y garantizando entornos libres de consumo para niñas, niños y adolescentes, quienes gozan de especial protección constitucional.
El proyecto se fundamenta en principios constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la libertad individual. Reconoce que el consumo de sustancias no debe ser penalizado cuando no afecta los derechos de terceros, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1994, que señala que una persona no puede ser sancionada por lo que podría hacer, sino únicamente por lo que efectivamente hace. Esta jurisprudencia destaca que las conductas que afectan únicamente al individuo están fuera del ámbito penal en un Estado democrático. Así, la iniciativa promueve una regulación que equilibra la protección de derechos individuales con el interés colectivo, facilitando la convivencia pacífica en el espacio público.
Además, esta propuesta se enmarca en el cumplimiento de la Ley 2000 de 2019, la Sentencia C-127 de 2023 —que ordena reglamentar el consumo en espacios públicos protegiendo los derechos de la niñez—, el Decreto 2114 de 2023 y el protocolo del Ministerio de Justicia sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas. También se sustenta en la Sentencia C-253 de 2019, que advierte sobre los riesgos de imponer medidas desproporcionadas que vulneren derechos fundamentales, como ha ocurrido con prácticas arbitrarias de persecución del porte y consumo de dosis personales, especialmente por parte de la fuerza pública.
En lugar de perpetuar un modelo punitivo que ha demostrado ser ineficaz, esta iniciativa parte de una lectura crítica de la experiencia prohibicionista y apuesta por el acompañamiento institucional y un enfoque de salud pública. Según el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 2022, realizado por la Secretaría Distrital de Salud junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la marihuana es la sustancia más consumida en la ciudad: más de 371 mil personas reportaron haberla consumido en el último año, y el 40% de ellas presenta indicios de abuso o dependencia, lo que representa más de 148 mil ciudadanos. Estas cifras evidencian la urgencia de abordar el fenómeno desde la educación, la prevención y la atención en salud, en lugar de la criminalización, el estigma y la exclusión.
El proyecto propone la creación de espacios regulados para el consumo, que garanticen condiciones de salubridad, cuidado y respeto por la convivencia ciudadana, evitando el consumo en entornos escolares, familiares o donde haya presencia de menores de edad. De esta manera, se asegura el cumplimiento del mandato constitucional de proteger los derechos prevalentes de la infancia, al tiempo que se respeta la autonomía de las personas adultas. También busca reducir la arbitrariedad policial y promover una intervención proporcional y razonable, en línea con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los recientes lineamientos jurisprudenciales.
Bogotá, como una de las ciudades con mayor prevalencia de consumo de cannabis en América Latina, tiene la responsabilidad de construir acuerdos de ciudad con sensatez y una visión de futuro. Esta iniciativa posiciona a la capital como un referente en una política de drogas moderna, humana y basada en evidencia, donde la prioridad es el bienestar de todas las personas, la protección de la niñez y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Ha llegado el momento de superar los prejuicios y avanzar hacia un enfoque integral que coloque la vida, la salud y la libertad en el centro de la política pública.
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