La preocupación surge de la necesidad de ampliar el debate sobre una política de drogas que incluya soluciones a los impactos de esta problemática en las grandes ciudades principalmente en jóvenes y adolescentes.
El cabildante Sáenz ha venido trabajando durante varios años en conjunto con las organizaciones, asociaciones y redes de usuarios desde la óptica de los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas.
Este es el texto completa de la carta.
Bogotá D.C., 29 de enero de 2014.
Señores
MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA.
La Habana, Cuba
Referencia: Propuestas al punto de la agenda “Solución al problema de las drogas ilícitas”
DROGAS Y PAZ, UN CONFLICTO RURAL CON REPERCUSIONES EN LAS CIUDADES.
Convocado por el compromiso ineludible de participar en la construcción del camino hacia la paz y aportar elementos para un debate profundo que culmine en una reforma integral de las políticas de drogas en Colombia, me dirijo a ustedes partiendo de una dimensión concreta de esta problemática que trasciende lo rural y se concentra en lo urbano afectando una creciente población juvenil.
Durante décadas hemos sido testigos de las consecuencias nefastas de la "guerra contra las drogas" producto de una política hegemónica global orientada por EEUU que ha exacerbado el conflicto armado en Colombia. La intervención ha hecho énfasis en criminalizar los países productores evadiendo la responsabilidad de los países consumidores.
Por causa de la "guerra contra las drogas" Colombia ha implementado métodos de erradicación que causan graves afectaciones a los ecosistemas y a las comunidades como la aspersión con glifosato en los territorios nacionales. El diseño legislativo penaliza al consumidor y no lo distingue del traficante. El estigma de delincuente al usuario juvenil de la ciudad lo convierte en objeto de persecución, judicialización y encarcelamiento en flagrante violación a los derechos humanos. Este enfoque además desconoce el valor ancestral y los usos medicinales e industriales de las plantas consideradas ilícitas.
Asistimos a un cambio de paradigma evidenciado en una tendencia global hacia nuevos enfoques en la política de drogas. En América Latina existen avances importantes en países como Uruguay y Bolivia, debates adelantados en países como Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador e incluso México a pesar de que atraviesa una grave crisis derivada de la “guerra contra las drogas”. Algunos Estados de la Unión han implementado reformas importantes que comienzan a transformar las políticas federales en EEUU. Colombia no puede permanecer al margen de esta nueva realidad global desconociendo que lejos de ser un país exclusivamente productor pasó a ser también un alto consumidor. Nuestro país enfrenta una nueva problemática que impacta principalmente a las grandes ciudades donde el consumo se concentra en jóvenes y adolescentes cada vez a más temprana edad.
Es por todo ello que considero que el debate y la discusión deben orientarse a plantear un modelo integral que vaya más allá de simplemente cambiar el régimen de una sustancia ilegal a legal. Se da por sentado que una cultura basada en la promoción y en el mercado (hecho bajo las prioridades del mercado, que no son ni educativas ni morales, sino basadas en el lucro) es tan problemática como una cultura de la prohibición. Propongo debe ser una reforma integral que aunque tenga en uno de sus componentes el diseño de un mercado legal, vaya mucho más allá en su forma y contenido para convertirse en un insumo para la paz estable y duradera.
Un modelo que tenga en cuenta y se asemeje a la justicia transicional, con el fin de mitigar la crisis carcelaria y de derechos humanos a todos aquellos que han sido privados de la ley por un poco más de la dosis mínima.
Un modelo que privilegie el enfoque en salud pública no solo en prevención, si no de manera contundente en la reducción de los riesgos y la mitigación de los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio nacional, con énfasis en las grandes ciudades.
Un modelo de reforma donde sea imprescindible la participación y el reconocimiento a las poblaciones históricamente maltratadas y abandonadas por la guerra contra las drogas. Así como la apertura de un escenario que reconozca las libertades individuales y los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas y el aporte a las soluciones dado por cada uno de los actores involucrados desde los territorios.
Soy consciente que el análisis de los temas es mucho más extenso y profundo que los puntos mencionados en esta carta, por ello me ofrezco a aportar en los temas que la mesa pudiera considerar pertinentes, con toda la rigurosidad y responsabilidad que nos implica este momento histórico. Tengo la plena disposición y voluntad para aportar en la construcción de soluciones que lleven a Colombia por los caminos de una paz estable y duradera.
Cordialmente,
Roberto Sáenz
Concejal de Bogotá
