La concejal de Bogotá Clara Lucía Sandoval cuestionó al Gobierno Nacional por los retrasos y modificaciones que ha impulsado al proyecto Regiotram del Norte, advirtiendo que se está intentando imponer un modelo de movilidad sin escuchar a la ciudad, a las autoridades distritales ni a los ciudadanos que resultarán afectados.
Sandoval aseguró que las decisiones promovidas desde la Nación han frenado el desarrollo de una obra clave para millones de habitantes de Bogotá y la Sabana, privilegiando intereses ideológicos sobre criterios técnicos y necesidades reales de movilidad.
La cabildante alertó que la propuesta actual contempla el cierre de varios cruces sobre la carrera Novena, afectando la conectividad de sectores residenciales, comerciales e industriales. Entre los casos más preocupantes mencionó la Calle 163, acceso principal a la Fundación Cardioinfantil, donde podrían incrementarse los tiempos de respuesta de ambulancias y vehículos de emergencia.
Asimismo, advirtió sobre las afectaciones que podrían sufrir sectores como Toberín, Tibabita, San Cristóbal Norte, Santa Ana y los desarrollos urbanísticos de Lagos de Torca.
“Bogotá no puede aceptar que desde el Gobierno Nacional se impongan proyectos pasando por encima de la autonomía de la ciudad. Las decisiones que afectan a millones de ciudadanos deben construirse con criterios técnicos, diálogo institucional y respeto por los territorios”, afirmó la concejal.
Durante el debate, Sandoval también alertó sobre las fallas de articulación en materia de seguridad regional, señalando que la falta de coordinación tecnológica y operativa entre Bogotá y los municipios vecinos facilita la acción de estructuras delincuenciales en las zonas de frontera.
Como resultado del debate, propuso avanzar en la interconexión de sistemas de seguridad, fortalecer los operativos conjuntos entre autoridades distritales, municipales y departamentales, y consolidar una estrategia regional que permita combatir de manera efectiva la delincuencia en los corredores de acceso a la capital.
Finalmente, la concejal exigió al Gobierno Nacional cumplir con el aporte de $75.000 millones contemplado en la Ley 2199 de 2022, para la Región Metropolitana. Asimismo, hizo un llamado a defender la autonomía de Bogotá y a garantizar que las grandes obras de infraestructura respondan a las necesidades de los ciudadanos y no a imposiciones políticas desde la Nación.
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