Expreso mi rechazo y profunda indignación por los hechos ocurridos en la UPI la Rioja en donde al parecer menores de la comunidad indígena Embera han sido víctimas de abuso sexual.
Este doloroso suceso es la consecuencia directa de la pasividad del Distrito para actuar frente a las repetidas advertencias sobre las condiciones insostenibles de este lugar.
Hace más de un año, mediante la Resolución 1207 de 2023, la Secretaría de Salud ordenó el cierre de una de las instalaciones, porque no se garantizaban los mínimos de dignidad, resultando en estados críticos en términos de salubridad, hacinamiento y riesgos para sus habitantes. Sin embargo, esta disposición ha sido ignorada por la administración actual, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad y abandono.
Desde mi curul hemos denunciado en múltiples ocasiones la situación y hemos solicitado al Distrito priorizar la atención a la población indígena desplazada, para que se emprendan acciones desde el Distrito que contemplen medidas integrales que incluyan:
1. El cumplimiento inmediato de la Resolución de cierre de la UPI La Rioja, trasladando a las familias a espacios seguros y dignos.
2. La declaratoria de emergencia social y humanitaria para el pueblo Emberá en Bogotá, debido a las condiciones extremas que enfrentan.
3. La implementación de políticas de atención diferencial que respeten sus derechos culturales y promuevan soluciones sostenibles.
Las consecuencias de esta negligencia son inaceptables. No podemos permitir que el dolor de nuestras comunidades indígenas siga siendo invisible y los titulares de las entidades Distritales sean para justificar la ausencia de acciones.
Exigimos a la administración liderada el alcalde Carlos Fernando Galán y en especial a las entidades responsables para que actúen de inmediato de forma concertada y en diálogo para encontrar e implementar medidas efectivas que permitan atender y evitar que se repitan hechos como los hoy denunciados.
Pedimos a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones a estos casos para esclarecer esta situación y los responsables sean judicializados y condenados.
Continuaremos alzando la voz hasta que sus derechos sean garantizados y sus necesidades sean atendidas con la prioridad que merecen.
¡Los pueblos indígenas merecen respeto, dignidad y justicia!
