El día de hoy el Concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa propuso un debate de control político frente a lo que se expuso en la columna de opinión “Perita en dulce”, escrita por el periodista Daniel Coronell y publicada en la revista Cambio, el 05 de marzo de 2023.
Según las denuncias interpuestas por Coronel, los bogotanos a través del impuesto predial pagan cada año cerca de medio billon de pesos que van destinados a La Corporación Autónoma Regional (CAR), para la descontaminación del Rio Bogotá. En el contrato realizado por la CAR para la ejecución del proyecto de la PTAR Salitre se evidenciaron varias irregularidades, tanto en su ejecución como en la contratación.
La Empresa Acueducto de Bogotá y la Banca Multilateral determinaron que los contratistas no cumplieron a cabalidad los tiempos de ejecución y no pagaron la multa por 90.000 dólares diarios que se estableció hasta ponerse al día. Por su parte, Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dio la orden a la CAR para que no se cobrara la respectiva multa y ordenó también que el Acueducto recibiera la obra y empezará a operarla, pese a que se encontraba incompleta y teniendo en cuenta que le costaría a los bogotanos 120.000 millones de pesos adicionales.
Por otro lado, la ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa, que fue designada por la sociedad Colombiana de Ingenieros, para realizar el peritaje ambiental, se encontraba inhabilitada para el cargo, puesto que omitió en su experiencia laboral que habría sido gerente y representante legal de la empresa Alturia SAS, empresa que registraba en la misma dirección de CASS Constructores, de los señores Solarte, socia del consorcio contratista e interesada en el dictamen pericial.
En los próximos días estaremos indicando la fecha y hora de este importante debate que involucra a la CAR y el consorcio en cuestión, en graves hechos de corrupción.
