El concejal de Bogotá José Cuesta Novoa dejó constancia pública en sesión plenaria del Concejo de Bogotá sobre la improcedencia jurídica y democrática de la unificación del proyecto de acuerdo de su autoría, titulado “Por medio del cual se establecen espacios para el consumo de cannabis sativa en el Distrito Capital y acompañamiento en salud pública”, iniciativa de carácter antiprohibicionista que fue acumulada con propuestas de naturaleza prohibicionista, desconociendo el principio deliberativo del cabildo distrital y afectando los derechos constitucionales de las personas consumidoras de cannabis en la ciudad.
Desde la discusión inicial del proyecto, hace unos meses, se advirtió que la regulación debía partir de la realidad social evidenciada por cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Salud, según las cuales más de 500 mil bogotanos consumen cannabis. Esta situación no puede abordarse mediante enfoques punitivos ni posturas morales restrictivas, sino a través de políticas públicas basadas en educación, salud pública, convivencia ciudadana y garantía de derechos fundamentales.
La iniciativa presentada por el concejal Cuesta Novoa fue estructurada bajo un enfoque antiprohibicionista orientado a armonizar derechos constitucionales, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes sin desconocer las libertades individuales consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política. Dicho enfoque se sustenta en la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual ordena a las autoridades territoriales desarrollar regulaciones que equilibren derechos en el espacio público, evitando medidas de prohibición absoluta.
No obstante, durante su trámite en la Comisión de Gobierno —y pese a la solicitud expresa de retirar la iniciativa de la acumulación— se decidió unificar el proyecto con propuestas de contenido diametralmente opuesto, aun cuando no existe identidad material ni coherencia normativa entre ellas. Desde una perspectiva técnico-legislativa, esta decisión resulta improcedente, pues impone una ponencia homogenizante que desnaturaliza el debate democrático, limita la expresión de posiciones minoritarias y desconoce el pluralismo político que debe orientar la función normativa del Concejo.
El concejal advirtió que la medida constituye un uso indebido de las mayorías para restringir la deliberación pública y solicitó formalmente que su proyecto sea devuelto a comisión, al considerar arbitrario fusionar iniciativas incompatibles en una discusión de alta sensibilidad social. Como expresó en plenaria, no resulta jurídicamente razonable “juntar peras con manzanas” cuando se trata de modelos regulatorios sustancialmente distintos.
Finalmente, Cuesta Novoa reiteró que el proyecto presentado buscaba reglamentar los derechos de las personas consumidoras de cannabis conforme a la jurisprudencia constitucional vigente y manifestó su rechazo a que su nombre aparezca como autor de una iniciativa que, en su criterio, promueve la restricción de derechos fundamentales. En consecuencia, anunció que adelantará las acciones jurídicas correspondientes y demandará por inconstitucionalidad dicho esperpento, al considerar que desconoce los principios constitucionales y los derechos de más de 500 mil consumidores en Bogotá.
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