Este martes, la Comisión de Gobierno reanudó y concluyó el debate de control político sobre violencia policial y abuso de la fuerza en el marco del Paro Nacional del 28 de abril al 1° de mayo de 2021, citado por las concejales Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal; así como la Proposición 289 de 2021 sobre violencia y abuso policial, citada por los concejales Julián Rodríguez, Andrea Padilla y la bancada de la Alianza Verde.
En esta sesión intervinieron los concejales voceros y no voceros de bancada, los invitados de los concejales y el Distrito respondió a las preguntas de la Comisión.
El concejal Nelson Cubides abrió las intervenciones. "Proteger a la Policía también es proteger el patrimonio. Debemos salir a respaldar a la fuerza pública, sin dejar de exigir el respeto hacia la ciudadanía y los Derechos Humanos", dijo.
En el mismo sentido, el concejal Emel Rojas apoyó a los uniformados que han sido afectados en las movilizaciones sociales. “Hay que recuperar la institucionalidad. La alcaldesa ha sido poco contundente al respaldar a la Policía", aseguró.
La concejal Marisol Gómez comparó las violaciones de Derechos Humanos, que ha habido en los últimos dos meses de protesta en Colombia, con gobiernos represores de otros países y se preguntó “¿Cuál es el perfil de un Policía que integra el ESMAD? Y si ¿a raíz de las declaraciones de Iván Duque durante el Paro Nacional, los agentes encontraron una licencia tácita para cometer abusos?
Por su parte, el concejal Humberto Amín criticó la vandalización de los bienes públicos. "Aquí lo que ha sido sistemático es el vandalismo. ¿Cómo va a reaccionar un Policía ante una multitud de vándalos que tiene la plena intención de acabar con su vida?", señaló.
El concejal Armando Gutiérrez lamentó los abusos en contra de los Derechos Humanos. "Le pedimos a la Administración Distrital que fije una guía de protocolos, en el marco de la Constitución, donde identifiquemos conductas punibles en la protesta social".
El concejal Fabián Puentes se refirió a la necesidad de reconciliar a la ciudadanía con la institucionalidad. “La práctica del diálogo social contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Bogotá sí se debe fortalecer el diálogo, a través de la Secretaría de Gobierno”, dijo.
El concejal Manuel Sarmiento cuestionó los pronunciamientos de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en donde, para él, no fue enfática en rechazar la violencia policial. "El uso de la violencia como táctica y herramienta para reivindicar causas políticas no es la consecuencia de la pobreza y la desigualdad", añadió.
El concejal Álvaro Argote apoyó el derecho a movilizarse y rechazó la violencia por parte de las autoridades. "¿Quién ordena que sectores de civiles armados confronten a una gran movilización pacífica? ¿Quién los dota de armas letales? Hay que revisar los protocolos de atención a la protesta", aseguró.
Al finalizar estas intervenciones, iniciaron las participaciones de los concejales no voceros.
De acuerdo con la concejal Diana Diago, en Bogotá no se rechaza contundentemente cualquier tipo de violencia o delincuente. “Yo defiendo la institucionalidad. En esta ciudad tenemos que escuchar a todos los sectores. El que trasgrede la ley hay que judicializarlo”, añadió.
El concejal Marco Acosta, tal y como lo hizo su compañero de bancada, apoyó a la Policía y criticó a las personas que se han liderado los desmanes en las movilizaciones sociales. "El vandalismo tiene a Bogotá en cuidados intensivos. Como ciudadanos asumimos los daños a los bienes públicos, pero la Policía asume el daño institucional", afirmó.
A su turno, la concejal María Victoria Vargas reconoció la imparcialidad del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas que se han presentado recientemente y las violaciones a los Derechos Humanos. “En el informe de la CIDH sobresale el abuso policial. Necesitamos diálogo y que sean escuchadas las reclamaciones de la juventud, tanto a nivel nacional como distrital", dijo.
Asimismo, el concejal Celio Nieves le exigió a la Administración Distrital acoger las recomendaciones de la CIDH para que en la capital del país se respeten los fenómenos de protesta y lucha social.
El concejal Carlos Carrillo cuestionó a quienes equiparan la violencia ejercida por un ciudadano del común y un uniformado. "El respeto de los Derechos Humanos en Colombia debe ser absoluto. No es lo mismo cuando un agente del Estado comete un crimen a cuando lo hace un civil. Un Policía está obligado a garantizar los derechos", aseguró.
El concejal Martín Rivera invitó a construir una ciudad en donde haya menos violencia y polarización, pero también criticó el papel de la alcaldesa a la hora de contener los abusos de la fuerza pública. "Me surge una duda: cuál es la autonomía que tiene la Secretaría de Seguridad y la alcaldesa ante el actuar del ESMAD. El gran problema de la Policía es la confianza", añadió.
Por su parte, la concejal Carolina Arbeláez repudió los comportamientos de quienes han afectado el patrimonio de los bogotanos. "El vandalismo no se puede enfrentar con un lapicero y una libreta. Eso no se puede romantizar, eso es terrorismo urbano. También hemos insistido en que los casos de abuso policial se deben investigar", señaló.
El último de los concejales en intervenir fue Andrés Forero, quien aclaró que “los que buscamos y pedimos que haya garantía de orden y seguridad en la ciudad, en ningún momento desconocemos la importancia de los Derechos Humanos".
La sesión también contó con la participación de la ciudadanía: Sofía Rincón, del Espacio Humanitario al Calor de la Olla, aseguró que no hay garantías para la protesta en el Portal Américas; Juan Sebastián Gil, periodista de Contagio Radio, criticó la persecución a la que están expuestos los medios alternativos; María Camila Bautista, residente de Alameda de San José, un conjunto residencial ubicado en inmediaciones al Portal Américas, señaló que allá viven 2.100 personas que han sufrido por los constantes gases lacrimógenos y enfrentamientos; Gareth Sella, quien perdió un ojo a manos del ESMAD, dijo que las primeras líneas existen por las políticas de violencia instaladas por el uribismo; María Angélica, también residente en Alameda San José, aseguró ser testigo de la tortura y violaciones que ha liderado la Policía en el sector; Wendy Ramos le hizo el llamado a la alcaldesa de asumir la responsabilidad de la violencia que ha ejercido el ESMAD; Sandra Gutiérrez, del colectivo La Directa, aseguró que los medios alternativos y los marchantes son estigmatizados por la Policía; Fabián Márquez, vecino del Portal Américas, señaló que han tenido que dejar a sus hijos en casas ajenas para ahorrarles las afectaciones que dejan los gases lacrimógenos; Juan Galeano, defensor de DD. HH., criticó que algunos medios tradicionales han promovido la generalización y señalamiento contra marchantes al llamarlos vándalos; y Susan Espitia, del Esquema Feminista de Derechos Humanos, quien dijo que cada persona protesta a su manera y que el hecho de señalarlos, encerrarlos y acorralarlos limita el ejercicio y su derecho a la protesta.
Ante estas declaraciones, la Administración Distrital atendió las inquietudes y expuso su gestión para reducir el abuso policial desde 24 puntos de atención a Derechos Humanos en Bogotá. Los voceros fueron el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.
El personero de Bogotá, Julián Pinilla, también presentó el plan que ha liderado este órgano de control para atender las denuncias de los ciudadanos por presunto abuso policial durante el día y la noche.
Como conclusión del debate, el concejal Julián Rodríguez aseguró que Bogotá debe transitar a un modelo de respeto por la vida.
Por su parte, las concejalas de la bancada Colombia Humana -Unión Patriótica pidieron claridades frente a las respuestas de la Administración. “No quedo satisfecha con las respuestas a este debate. En el marco de esta protesta sí se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos”, dijo la concejal Heidy Sánchez. Mientras que la concejala Susana Muhamad insistió en algunas preguntas que hizo en el debate: “¿A los entes de control qué les van a decir? ¿Por qué se autorizó el uso de una infraestructura civil para operaciones de la Policía?
Por último, la concejal Ana Teresa Bernal insistió en que “la protesta no es de vándalos. La protesta social la hace el pueblo inconforme por todos los atropellos del Estado. Aquí quedan muchas dudas a nuestras preguntas”.
Concejo de Bogotá
