La Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026, una normativa que busca organizar el espacio público en la ciudad bajo un enfoque de equilibrio entre el orden urbano y la inclusión social de los vendedores informales. Con su aplicación, la Administración Galán busca poner en marcha la “Revolución del Orden” prometida en campaña, según recordó el concejal David Saavedra.
La estrategia está orientada a recuperar el espacio público sin desconocer la realidad económica de miles de ciudadanos que dependen de las ventas informales, como ha sido el mandato de la Corte Constitucional.
“El Distrito le va a poner fin al caos que hoy vivimos en el espacio público de Bogotá y así garantizar que todos podamos convivir en el espacio público, tanto los vendedores que requieren un sustento como los peatones e incluso vehículos de emergencia”, explicó Saavedra.
El Decreto 117 introduce una transformación estructural en la forma en que se gestiona el espacio público en la Capital, mediante la creación de dos tipos de zonas claramente diferenciadas que permitirán organizar las actividades económicas informales sin afectar la seguridad, ni la movilidad de la ciudadanía.
En primer lugar, se establecen las Zonas de Manejo Especial, que corresponden a áreas donde, por razones de seguridad, no estará permitido el ejercicio de ventas informales. “Estas zonas serán definidas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en un plazo máximo de seis meses y podrían incluir sectores cercanos a estaciones de policía, instalaciones militares, embajadas y despachos judiciales”, aseguró el concejal David Saavedra, quien señaló que esta medida busca proteger puntos estratégicos de la ciudad donde la presencia de aglomeraciones puede representar riesgos.
Por otro lado, están las Zonas de Aprovechamiento Económico, espacios donde sí se permitirá el desarrollo de actividades de venta informal bajo condiciones reguladas. Estas áreas serán delimitadas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) que también establecerá la capacidad de ocupación por localidad.
Uno de los elementos más relevantes de esta normativa es su enfoque social. Saavedra subrayó que el Decreto garantiza que los vendedores informales no quedarán desprotegidos frente a los procesos de reorganización. “A las Zonas de Aprovechamiento Económico llegarán también los vendedores que se deberán reubicar desde las Zonas de Manejo Especial, donde por seguridad no podrían estar”, agregó.
De acuerdo con cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen cerca de 20 mil vendedores informales, quienes podrán acceder a diversas alternativas en caso de requerir reubicación. Entre estas opciones se encuentran la asignación de espacios autorizados dentro de las Zonas de Aprovechamiento Económico, el acceso a programas de formación laboral, la vinculación a programas especializados del IPES y la posibilidad de recibir servicios sociales del Distrito, dependiendo de su nivel de ingresos.
El Concejal también destacó que la expedición del Decreto fue resultado de un proceso participativo que incluyó a actores clave como los Consejos Locales y Distritales de Venta Informal, así como a distintos gremios económicos y sociales vinculados al trabajo informal. Este diálogo permitió incorporar las necesidades y preocupaciones de los vendedores en el diseño de la política pública.
