Además, el amparo solicitado por el concejal de la familia busca que el Tribunal Administrativo tutele los derechos fundamentales de objeción de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad de asociación, el interés superior de los menores y el derecho de la autonomía escolar.
Según el cabildante y vocero del partido Opción Ciudadana, aunque el decreto no se ha expedido representa una amenaza potencial contra el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados, por lo que es jurídicamente procedente que el Tribunal Administrativo realice las advertencias del caso al Gobierno Nacional, tal como lo establece el artículo 86 de la Constitución Política.
En una socialización que organizó el concejal Ramírez sobre el proyecto de decreto del gobierno nacional, había concluido que la adecuación de los manuales de convivencia en los términos que establece la norma proyectada establece unos lineamientos ideológicos que pueden producir una “mordaza” para las comunidades educativas confesionales.
MARCO FIDEL RAMIREZ.
Concejal de Bogotá
LILIANA PARRA HERRERA
Jefe de Prensa
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