El concejal Julián Espinosa advirtió sobre un preocupante aumento en la contratación por parte de la Secretaría de Seguridad, justo cuando la ciudad atraviesa uno de sus peores momentos en materia de seguridad y convivencia.
Frente a esta situación, el concejal hizo referencia al Decreto 062 de 2024, que exige austeridad en el gasto público. A pesar de ello, entre enero y abril de este año, la Secretaría firmó contratos por más de $80.677 millones, superando lo ejecutado en todo 2024. Espinosa señaló que, lejos de traducirse en mejoras, estos recursos se están utilizando sin una planeación clara, con posibles duplicidades y pagos exagerados.
El concejal expuso algunos casos puntuales que reflejan esta problemática: un contrato de comunicaciones por $248 millones cuya función principal parece ser replicar publicaciones institucionales; asesorías jurídicas externas por más de $330 millones, pese a contar con un equipo legal interno; y contratos de planificación tecnológica por más de $160 millones, sin avances concretos en la implementación del sistema C4, por incumplimientos del contratista.
Conjuntamente, la situación de seguridad sigue empeorando. Entre enero y mayo se registraron 521 homicidios, un 6% más que en el mismo periodo de 2024. El 80% de los casos ocurrieron en localidades vulnerables como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa. Además, aumentaron la violencia intrafamiliar (15%), los secuestros (257%) y las lesiones personales (5%).
“Esto es un problema estructural que además lo estamos viviendo actualmente, como parte de la violencia política en Colombia, el caso no aislado de Miguel Uribe fue un caso más de sicariato y es el 30% de los casos de homicidios en Bogotá” puntualizó Espinosa
A esto se suma la creciente influencia del microtráfico en la violencia urbana. De los homicidios reportados, 144 están relacionados con este delito, pero solo se han producido 22 capturas en lo corrido del año. Para Espinosa, esto evidencia una falta de capacidad operativa y de respuesta frente al crimen organizado.
El más reciente informe de la Veeduría de Seguridad de Bogotá alertó sobre el deterioro de varios CAI en puntos clave de la ciudad, como Timiza, Santa Librada, Aures y Claret. La falta de dotación, el abandono de la infraestructura y la desconexión con la ciudadanía reflejan una profunda crisis institucional. Solo 1 de cada 3 ciudadanos sabe a qué cuadrante pertenece su hogar, y la percepción negativa del servicio aumentó frente al año anterior.
Ante este panorama, Espinosa hizo un llamado urgente a la administración distrital para revisar a fondo la ejecución presupuestal de la Secretaría de Seguridad, redirigir los recursos hacia capacidades reales de intervención y trazar una hoja de ruta clara frente al crimen y la desconfianza ciudadana.
