El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, del movimiento Colombia Humana – Pacto Histórico, lideró un intenso debate de control político contra la administración de Carlos Fernando Galán, en el que se analizaron críticamente los Frentes de Seguridad Urbana y la gestión en materia de seguridad en la ciudad.
El cabildante destacó que, a pesar de la gigantesca inversión aprobada en el Concejo de Bogotá para el cuatrienio, que asciende a 7,4 billones de pesos dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura para el área de seguridad, los resultados han sido alarmantemente deficientes. Mientras que a nivel nacional Colombia ha avanzado en la reducción de la tasa de homicidios gracias a políticas integrales de prevención, protección de la vida, justicia restaurativa y programas de inclusión social (como desarme, oportunidades para jóvenes, PDET, fortalecimiento institucional y seguridad comunitaria), Bogotá ha registrado en 2024 el número más alto de homicidios en ocho años, con un total de 1.204 casos.
Se denunció además que la política de seguridad de la administración de Galán es securitista y sustentada en un principio aporofóbico, que parte de la idea errónea de que las personas pobres son sospechosas de generar inseguridad, estigmatizando y criminalizando a los sectores más vulnerables. Esta visión ha derivado en una política de "paloterapia" o "bolillo terapia", aplicando mano dura exclusivamente contra los sectores pobres y marginados.
Cuesta Novoa señaló una clara desconexión entre la política de seguridad y la realidad social de Bogotá, marcada por un fenómeno de pobreza galopante en localidades como Usme (57,81% de pobreza monetaria), Ciudad Bolívar (57,37%), Bosa (53,18%), Rafael Uribe Uribe (49,95%), San Cristóbal (48,45%) y Santa Fe (47,69%). En estas zonas, el incremento en homicidios ha sido especialmente alarmante: 34,8% en Ciudad Bolívar, 69% en Rafael Uribe Uribe y 52,2% en San Cristóbal. El concejal señaló que no existe un reconocimiento adecuado por parte de la administración de cómo las estructuras de inequidad, exclusión, pobreza y desigualdad explican este fenómeno.
Asimismo, denunció que gran parte de las capturas diarias reportadas por la Policía Nacional en 2025 corresponden a hurtos a personas, conductas asociadas a la economía informal, el empobrecimiento y la falta de acceso a medios de vida dignos, evidenciando que la seguridad no se puede reducir a una lógica de represión.
Cuesta Novoa criticó además el uso desproporcionado y focalizado de medios tecnológicos como drones y helicópteros, que sobrevuelan principalmente los territorios donde residen las élites económicas, políticas y sociales, mientras que en las zonas populares persisten altos índices de violencia y exclusión social.
Un punto central de la crítica fue el papel de los Frentes de Seguridad Urbana, que actualmente agrupan a cerca de 46,000 ciudadanos en alrededor de 1,950 grupos, y que la administración de Galán planea aumentar en 500 más. El concejal alertó que esto podría derivar en una repetición de las polémicas “Convivir” y en una peligrosa paramilitarización de la ciudad. Además, denunció que estos frentes persiguen y hostigan a jóvenes por consumir marihuana, contraviniendo sentencias de la Corte Constitucional que garantizan la dosis personal, y que ejercen violencia y discriminación contra personas por su diversidad sexual, identidad de género, así como hacia habitantes de calle y personas en situación de exclusión y pobreza, evidenciando una actitud aporofóbica y fascista.
José Cuesta Novoa concluyó que la violencia social en Bogotá solo puede resolverse con oportunidades, derechos e inversión social, elementos que actualmente no están presentes en la política de seguridad de la administración distrital. En ese sentido, hizo un llamado urgente a replantear las estrategias de seguridad en la ciudad, priorizando un enfoque de derechos humanos, justicia social y prevención, frente a una política basada en el miedo, la represión y la exclusión.
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