La fundación FUNDESCO firmó el 26 de diciembre de 2024 con la Alcaldía Local de Rafael Uribe el Contrato 725 de 2024, por un valor de $3.861 millones de pesos y una duración de 6 meses, el cual fue entregado con un solo oferente, por lo que presuntamente no existió capacidad de selección del mejor proveedor. A pesar de las advertencias hechas desde el Concejo de Bogotá, se observa que el contrato no habría tenido un seguimiento efectivo para prevenir sobrecostos ni verificar el impacto real de la ejecución.
El contrato tiene por objeto: “Contratar la prestación de servicios para la ejecución de metas relacionadas con los proyectos de inversión 1656 ‘prevención de la violencia intrafamiliar y sexual en Rafael Uribe Uribe’, 1658 ‘promoción y prevención de la salud en Rafael Uribe Uribe’, 1679 ‘mujeres con una vida libre de violencia y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe’ y 1657 ‘autocuidado y bienestar de la comunidad en Rafael Uribe Uribe’, en el marco del plan de desarrollo local Un nuevo contrato social y ambiental para Rafael Uribe Uribe vigencia 2024”.
Aunque se firmó el 26 de diciembre, su acta de inicio es del 20 de febrero de 2025. El pasado 31 de julio de 2025, este mismo contrato fue objeto de una prórroga de seis meses y de una adición de $2.095 millones, porque según la minuta de Modificación No. 3 Adición y Prórroga 1 al Contrato de Prestación de Servicios CPS-725-2024, presenta un avance de ejecución del 68%. Sin embargo, al revisar la información publicada en SECOP II se evidenciarían Presuntamente inconsistencias y una ejecución mínima. El último informe es el Tercer Informe de Ejecución Presupuestal y el Informe de actividades que lo respalda, correspondiente al mes de abril, fue subido hasta el 18 de julio.
De acuerdo con ese Tercer Informe Presupuestal, que es el último publicado en el SECOP II, se reporta una ejecución del 11% por $419.865.324 y un total por ejecutar de $3.421.637.355. Corresponde a la Alcaldía Local de Rafael Uribe aclarar a la ciudadanía y a los entes de control cuál es la real ejecución y dónde se encuentran los soportes, dado que en el SECOP solo se observa presuntamente un avance del 11%. De confirmarse, con esta baja ejecución y con los antecedentes de este contrato, resultaría difícil entender técnicamente cómo se autorizó una adición por más de dos mil millones de pesos.
El análisis de los pagos, según los documentos publicados, muestra que gran parte de los recursos se habría destinado presuntamente a burocracia interna:
- En el primer pago, presuntamente el 39% de los recursos se destinaron a coordinadores y asistentes de FUNDESCO.
- En el segundo pago, el 74% presuntamente habría sido absorbido por gastos de personal y servicios “profesionales”, sin impacto directo en la comunidad.
Adicionalmente, se evidencian en los documentos del contrato algunos valores que generarían dudas sobre posibles sobrecostos en bienes y servicios:
- Esferos facturados a $4.833 cuando en el mercado tendrían un valor aproximado de $1.000.
- Kits deportivos cobrados a $166.667, mientras su costo real no superaría los $120.000.
- Insumos de costura presupuestados en $12 millones, una cifra que parecería desproporcionada.
- Ollas comunitarias para 100 personas registradas en $6 millones, un valor que resulta atípico.
- Servicios de transporte de bus tasados en más de $52 millones por 15 recorridos. Ya se presentó una factura de un solo transporte por $2.436.975.
- Un kit menstrual (1 paquete de pañuelitos húmedos, 2 paquetes de toallas higiénicas, 1 caja de protectores diarios, 1 copa menstrual, 1 gel antibacterial de 30 ml y una tula de poliéster de 27x35 cm) registrado en $263.833, cuando en el mercado podría costar alrededor de $88.000.
“Presuntamente estamos frente a un contrato que estaría generando un impacto negativo en las finanzas de la localidad de Rafael Uribe y que, pese a ello, fue objeto de más recursos sin que medie una justificación clara. No es posible que la Alcaldía Mayor permita contratos que, de comprobarse, pondrían en entredicho los presupuestos participativos y la confianza ciudadana”, manifestó el concejal José Cuesta Novoa.
Finalmente, el cabildante solicitó a los entes de control una investigación rigurosa y acciones inmediatas que permitan esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos de Bogotá se destinen realmente al bienestar de las comunidades.
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