Durante la sesión de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, el concejal José Cuesta Novoa, integrante de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, anunció que presentará una solicitud formal al Procurador General de la Nación y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que realicen un acompañamiento especial al proceso contractual del Proyecto Centro Internacional de Comercio Popular de San Victorino de referencia RENOBO-IP-06-2024, cuyo valor asciende a 354 mil millones de pesos.
El concejal señaló que ha recibido información que alertaría sobre presuntas irregularidades dentro de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - Renobo y que, por su gravedad, deben ser verificadas por los organismos de control nacionales. Manifestó que, aunque este tipo de vigilancia corresponde inicialmente a los entes de control distrital, la “opacidad” del proceso lo obliga a solicitar la intervención de la Procuraduría y la UIAF.
Cuesta explicó que el contrato contempla la cesión onerosa del 100% de los derechos fiduciarios del fideicomiso San Victorino para permitir la vinculación de un fideicomitente privado encargado de planificar, financiar y ejecutar el proyecto. Sin embargo, advirtió que varios hitos y requisitos del procedimiento contractual generan inquietudes que, según dijo, deben ser revisadas con rigor por las autoridades competentes.
El cabildante también expresó preocupación por la participación de un único proponente, la empresa San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista SAS – SAVICOMS, la cual —según afirmó— ha tenido observaciones técnicas en las que se advierten presuntas inconsistencias en las proyecciones financieras. Lo anterior, evidenciado en la respuesta al radicado MF_133764 emitida por Alianza
Financiera en la cual se menciona un incremento abrupto en los ingresos estimados por arriendos, que pasarían de 7.101 millones en 2024 a más de 43 mil millones en 2025.
El concejal también reveló un chat que —según afirmó— entregará a los organismos de control, en el cual presuntamente habría presiones internas dentro del proceso contractual para lograr la firma del contrato en los últimos días del mes de diciembre.
Cuesta agregó que, de acuerdo con informaciones que deberán ser verificadas por las autoridades, en los últimos meses se habrían realizado allanamientos de la POLFA en edificaciones del sector, presuntamente relacionados con investigaciones sobre contrabando. Según indicó, estos hechos aumentan la preocupación alrededor del ambiente institucional y comercial en el que se desarrolla el proyecto.
Finalmente, recordó que denuncias similares han sido señaladas previamente por medios de comunicación y actores sociales, por lo que insistió en que la magnitud económica del proceso exige suspender temporalmente la definición del contrato hasta que la Procuraduría y la UIAF puedan revisar de manera integral todos los elementos. El concejal reiteró que los organismos de control no pueden permanecer ajenos a una situación que, presuntamente, podría comprometer la transparencia y legalidad del proceso contractual.
Anexos
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