"Hay que instalar capacidades en los beneficiarios, la responsabilidad que tenemos todos los servidores públicos por activar ciudadanías", sostuvo.
Se refirió a las limitadas oportunidades que tienen para desarrollar su proyecto de vida las más de 295 mil personas en situación de discapacidad que viven en la ciudad.
"Cerca del 80% de esta población está desempleada, no tiene ningún ingreso, o vive en informalidad laboral. En la mayoría de los casos estas personas no gozan de seguridad social, ni cotizan para pensión, sin hablar de las limitadas oportunidades de acceso al espacio público, al transporte masivo y a los espacios educación", comentó el concejal.
Agregó que: "Como si no fuera suficiente con esta situación estructural, desde el 1 de noviembre del año pasado, el ICBF desvinculó del programa de cuidado y protección a 659 adultos, muchos de ellos entraron en depresión y han desmejorado su estado de salud desde que no reciben atención especializada".
El concejal le preguntó a la Secretaría de Integración Social, ¿cómo va a hacerle frente a la crisis por la que están pasando las más de 650 personas que necesitan atención inmediata?
"Esta ciudad no puede seguir presentándole cada vez más obstáculos al desarrollo de las personas en condición de discapacidad", comentó.
"La administración tiene que comprometerse con cambios orgánicos y estructurales para garantizarles el acceso a sus derechos sociales y laborales, habilitarles las libertades para que se desarrollen", finalizó Juan Baena.
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