En un esfuerzo por frenar la ola de extorsión, corrupción y delitos que se organizan desde las cárceles, el concejal de Bogotá Julián Espinosa, radicó una Acción Popular, para que el sistema judicial exija al Ministerio de Justicia y del Derecho la liquidación del INPEC y la creación de una nueva entidad que garantice control real sobre los centros penitenciarios del país.
“No nos aguantamos más extorsión desde las cárceles. El INPEC ha demostrado ser una entidad permisiva con la corrupción, que no garantiza seguridad y que ha permitido que las prisiones sean centros de operación del crimen organizado. Hoy le pedimos al Ministerio de Justicia que actúe y a los jueces que ordenen medidas contundentes”, señaló Espinosa.
Según el concejal, las cifras demuestran que el sistema penitenciario en Colombia está fuera de control:
“- En 2024, casi 100 funcionarios del INPEC fueron investigados por corrupción, de los cuales 73 casos llegaron a la Fiscalía General de la Nación.
- En un solo día de allanamientos en diciembre de 2024, la Policía Nacional incautó más de 1,000 celulares dentro de las cárceles, usados para extorsionar a ciudadanos.
- De los 17,126 funcionarios del INPEC, 3,700 están bajo investigación por presuntos hechos de corrupción.”
La acción popular fue respaldada por ciudadanos víctimas de extorsión en Bogotá, un delito que aumentó en la ciudad el 64% en 2024 y que también aumenta en el resto del país: “La extorsión se ha disparado en Colombia. En 2012 se reportaron 2,294 casos y en 2024 la cifra ascendió a 12,334. Esto representa un aumento del 438% en una década. Además, según la Procuraduría, el 41% de estas extorsiones son ordenadas desde las cárceles”, explicó Espinosa.
El concejal insistió en que la única solución es liquidar el INPEC y crear una entidad eficiente, libre de corrupción, que garantice verdadero control sobre las cárceles: “Las cárceles deben ser centros de rehabilitación y resocialización, no oficinas del crimen organizado. Mientras el INPEC siga funcionando como hasta ahora, la corrupción y la inseguridad seguirán creciendo. El Estado no puede ser cómplice de este desastre”.
Esta Acción Popular, radicada ante un Juez Administrativo de Bogotá, busca que la justicia ordene al Ministerio de Justicia tomar medidas inmediatas para liquidar el INPEC y crear un nuevo modelo penitenciario que garantice un verdadero control sobre las prisiones en Colombia. El concejal Julián Espinosa recordó que el INPEC se ha convertido en una entidad permeada por la corrupción, similar a lo que fue el DAS en su momento, por lo que su liquidación es una necesidad urgente para evitar que siga facilitando el crimen desde las cárceles.
