Ante la creciente persecución y hostigamiento contra la comunidad cristiana en Colombia, el concejal de Bogotá Marco Acosta y el abogado activista David Gerardo Cote han tomado cuatro acciones legales y diplomáticas para exigir protección inmediata y garantías reales de libertad religiosa.
El país enfrenta una escalada preocupante de ataques contra cristianos:
- Los discursos de odio del gobierno de Gustavo Petro agravan la persecución contra la Iglesia.
- 31% más vulneraciones a la libertad religiosa en 2024 (Defensoría del Pueblo).
- Grupos armados ilegales, incluido el ELN, han declarado a los cristianos objetivo militar.
- El Estado no ha tomado medidas para proteger a pastores e iglesias amenazadas.
Frente a esta grave crisis, Acosta y Cote han impulsado cuatro acciones concretas:
- Medidas cautelares ante la CIDH:
Se ha solicitado la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la protección inmediata de la comunidad cristiana y sus líderes religiosos, quienes enfrentan amenazas, ataques y restricciones en su derecho a la fe.
Solicitudes a la CIDH:
- Cese inmediato de discursos de odio contra cristianos desde el Gobierno.
- Protección urgente a pastores y líderes religiosos en riesgo.
- Sanciones a funcionarios públicos que inciten la discriminación religiosa.
- Creación de un programa de seguridad especial para pastores y sus familias.
Demanda de nulidad contra el Decreto 1285 de 2023
Este decreto eliminó la categoría de sujetos de protección especial para líderes religiosos, dejándolos en total indefensión ante amenazas y atentados. La demanda ante el Consejo de Estado busca restituir esta protección y garantizar su seguridad jurídica.
Solicitud de intervención diplomática de EE. UU.
Se ha enviado una petición oficial al embajador de Estados Unidos en Colombia, Jhon McNamara, instando a su gobierno a ejercer presión diplomática sobre la administración Petro y exigir el respeto de la libertad religiosa.
Denuncia ante Human Rights Watch (HRW)
Se ha solicitado a esta organización internacional de derechos humanos que documente y denuncie las vulneraciones contra la comunidad cristiana en Colombia, con el objetivo de generar presión global sobre el gobierno colombiano.
La persecución contra la Iglesia en Colombia es una realidad y no nos quedaremos de brazos cruzados. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a unirse en defensa de la fe y la libertad religiosa, afirmaron Acosta y Cote.
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