En debate de control político en el Concejo de Bogotá, el concejal Marco Acosta denunció una grave vulneración a la libertad religiosa durante la Semana Santa en la Iglesia de San Francisco y señaló la responsabilidad del Distrito por la falta de acciones preventivas y de control.
Durante la sesión, el cabildante aseguró que lo ocurrido no puede interpretarse como un hecho aislado ni como una manifestación legítima dentro del derecho a la protesta. Explicó que se trató de una interferencia directa en actos religiosos en curso, evidenciada en la interrupción de misas, la presencia de manifestantes en las inmediaciones del templo, el uso de consignas ofensivas contra la fe católica y actos provocadores con símbolos religiosos. Estas situaciones alteraron el ambiente de recogimiento, afectaron a los feligreses y se replicaron en otros templos del centro de la ciudad.
Acosta fue enfático en que la situación era previsible, dado que la manifestación contaba con una ruta definida que incluía puntos sensibles como iglesias y tenía acompañamiento institucional. Sin embargo, cuestionó que no se hubieran adoptado medidas básicas de prevención. “Lo ocurrido no es un accidente, es consecuencia de la falta de prevención. El Distrito permitió que esto sucediera”, afirmó. Esta situación quedó consignada en las actas del Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se informó previamente sobre el recorrido de la movilización hacia la Iglesia de Las Aguas y el sector de San Francisco (ver Anexo 1).
Como elemento clave, el concejal reveló apartes del acta del Puesto de Mando Unificado (PMU), en los que —según indicó— se evidencia que desde instancias de Derechos Humanos se solicitó de manera expresa a la Policía retirarse del punto, aun cuando ya existían alertas sobre posibles afectaciones al templo. De acuerdo con el registro, a las 16:22 se pidió a las unidades en la Iglesia de San Francisco “tomar distancia”, y a las 16:33, pese a que la Policía advirtió que manifestantes intentaron ingresar al lugar, desde el PMU se reiteró la instrucción de retiro. De acuerdo con las actas del PMU, a las 16:22 desde DDHH se solicitó a la Policía “tomar distancia” de la Iglesia de San Francisco, pese a las advertencias de las unidades presentes sobre posibles riesgos para la seguridad del templo (ver Referencia 2).
Según lo registrado en el acta, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá manifestaron que algunas personas habrían intentado ingresar a la iglesia, razón por la cual insistieron en mantener presencia en el lugar para custodiar el templo y prevenir situaciones de violencia (ver Referencia 3).
Posteriormente, a las 16:33, desde el PMU se reiteró la solicitud de retirar a la Policía del cuadrante y de disminuir la visibilidad de los uniformados, aun cuando persistían las alertas sobre posibles afectaciones a la iglesia (ver Anexo 4).
Para Acosta, este hecho no solo confirma una omisión, sino una decisión institucional directa: “Aquí no hubo ausencia del Estado, hubo una orden clara de retirarlo. Desde Derechos Humanos se pidió expresamente que la Policía se apartara, y esa decisión permitió que se afectara el ejercicio del culto. Eso también genera responsabilidad”, sostuvo.
El concejal advirtió que este caso evidencia un problema estructural en la garantía de derechos, donde existe mayor capacidad institucional para acompañar protestas que para proteger otras libertades fundamentales. Desde el punto de vista jurídico, señaló que la administración trató el derecho a la protesta como absoluto, sin aplicar criterios de proporcionalidad frente a la libertad religiosa.
Asimismo, alertó que lo ocurrido en Bogotá se da en medio de un contexto nacional preocupante. Recordó recientes hechos de violencia que han impactado a comunidades religiosas, como el caso de Aguachica, donde una familia pastoral fue asesinada tras una confusión en medio de un hecho violento, lo que, según indicó, refleja un entorno de creciente vulnerabilidad frente a la fe en el país.
En ese sentido, el concejal cuestionó la respuesta de la administración distrital, calificándola como evasiva y sin medidas concretas, y criticó que la Secretaría de Seguridad trasladara la responsabilidad a la Policía sin asumir su rol directo en el control político.
Finalmente, Acosta concluyó que lo ocurrido constituye una vulneración real de la libertad religiosa, agravada por fallas tanto en la prevención como en la reacción institucional. “Un Estado no puede ser selectivo en la protección de los derechos. Cuando se permite la interferencia en el ejercicio del culto y no se actúa frente a ello, lo que está en riesgo no es solo un derecho fundamental, sino la confianza misma en las instituciones”, afirmó.
Anexos y referencias:
- Registro de ruta de movilización y coordinación institucional.
- Solicitud de DDHH para que la Policía tomara distancia de la Iglesia de San Francisco.
- Intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre intentos de ingreso al templo.
- Reiteración de la instrucción de retiro de unidades policiales del punto.
