En un acto firme por la defensa del derecho a una educación imparcial, el concejal de Bogotá, Marco Acosta, y el abogado activista, David Gerardo Cote, radicaron una Acción Popular contra la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
La acción legal busca suspender de manera inmediata el presunto uso de cartillas y panfletos con contenido político en colegios públicos de la capital, que, según los demandantes, estarían promoviendo una consulta popular, en lo que consideran una forma de adoctrinamiento político dirigido a niños, niñas y adolescentes.
“No podemos permitir que nuestros niños sean utilizados como peones en el ajedrez político. Los colegios son templos del saber, no tribunas ideológicas. Esta Acción Popular es un grito de auxilio por la inocencia de nuestros estudiantes y por la integridad de la educación pública”, declaró el concejal Marco Acosta.
Acosta y Cote argumentan que el material pedagógico difundido por ADE y FECODE trasciende el ejercicio pedagógico legítimo, convirtiéndose en una herramienta de proselitismo ideológico que vulnera el derecho fundamental de los menores a una formación autónoma y libre de presiones partidistas.
“La libertad de cátedra no puede ser una excusa para el adoctrinamiento. Estamos defendiendo el derecho fundamental de cada niño a pensar por sí mismo, a formarse un criterio sin presiones y a recibir una educación que los empodere, no que los condicione”, señaló el abogado activista David Gerardo Cote.
La demanda no solo exige el cese inmediato de estas prácticas, sino que además pretende sentar un precedente jurídico que proteja la neutralidad de los espacios educativos y garantice que los estudiantes no sean instrumentalizados en debates políticos.
Los impulsores de esta Acción Popular hacen un llamado a los entes de control, al Ministerio de Educación, a los padres de familia y a la sociedad en general, a mantenerse vigilantes ante cualquier forma de interferencia política en la educación pública y a defender el principio de imparcialidad en las aulas.
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