Pensando en darles un alivio a los ciudadanos cuyos ingresos dependen de diversas actividades económicas, que en la medida que la ciudad esté en aislamiento preventivo obligatorio, quedarán paralizadas, generando como consecuencia la desaceleración del consumo de bienes y servicios de los hogares, el Concejal Rolando González le envió una carta a la Alcaldesa Claudia López solicitando la implementación de varias medidas.
Para el Concejal, los gastos de los hogares bogotanos deben destinarse básicamente a la provisión de alimentos y productos de primera necesidad.
En virtud de ello, en nombre de personas naturales y empresarios de Bogotá, el Cabildante le solicitó especialmente modificar del calendario tributario para el Distrito Capital, así como lo hizo la DIAN, a través del Decreto 435 del 19 de marzo de 2020.
Primero, para el caso del Impuesto de Industria y Comercio –ICA-, aplazar el pago que deben realizar los dueños de empresas y negocios para el bimestre de marzo-abril, para que se liquide posteriormente y que puedan pagarse por cuotas en los 4 bimestres restantes del año. Así, se alivia la carga tributaria de aquellas actividades que debieron cerrar al público su establecimiento de comercio y que deberán dedicar parte de sus reservas para pagar las nóminas de estos días en los cuales no estarán funcionando.
Segundo, solicitó que se prorrogue en 30 días después de finalizada la declaratoria de emergencia, el pago del impuesto de vehículos con descuento del 10% y que se prorrogue hasta todo el año, sin sanción.
Finalmente, con base en la declaratoria de calamidad pública decretada por la Alcaldesa Mayor y el aislamiento preventivo obligatorio anunciado por el Presidente de la República, se solicita una vez más, la renovación, adición y/o prórroga los contratos de todos aquellos contratistas de prestación de servicio (talento humano), quienes hoy se encuentran vinculados en las entidades públicas del distrito y que se les termina el contrato durante este mes.
Esto con el objeto de evitar una crisis económica en los 20.000 contratistas del Distrito y sus familias, quienes por la situación actual no podrán salir a buscar otro trabajo, y exponiéndolos a una situación de debilidad manifiesta sin los recursos económicos necesarios para garantizar su subsistencia y la de sus familias y, lo que es aún peor, sin su contribución a los aportes a la salud.
Adicionalmente, de acuerdo con el Decreto Nacional 440 de 2020, el cual en su artículo 8º estableció que “todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia podrán adicionarse sin limitación al valor”, y teniendo en cuenta que todos los contratos de prestación de servicio del Distrito pueden ayudar a mejorar la gestión de la situación de emergencia, ya que son indispensables para el funcionamiento de las entidades, debe darse la aplicación obligatoria al Decreto Nacional.
