En su demanda por inconstitucionalidad, el concejal de Bogotá señaló que las funciones “realinderar” y “recategorizar”, establecidas en el numeral 15 del artículo 2º del Decreto Ley 3570, podrían convertirse en la nueva excusa con la que Peñalosa le metería “gato por liebre” al futuro del medio ambiente en Bogotá, y favorecería a los constructores privados.
El Cabildante de Opción Ciudadana, con base en el numeral 10 del Art. 150 de la Constitución Política y en la Ley 1444 de 2011, fundamentó su acción de inconstitucionalidad porque al reformarse las funciones del Ministerio de Ambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales, se incorporaron otras funciones, las cuales no se encuentran relacionadas en esta Ley.
Finalmente, para Ramírez, ese Decreto Ley, también vulnera el precedente judicial contenido en la Sentencia de Constitucionalidad 366 de 2012, en la que se manifiesta que el poder Ejecutivo, no puede trasladar funciones del Ministerio de Ambiente a ninguna otra autoridad ambiental. Y si no se puede trasladar funciones, mucho menos modificar, eliminar o agregar.
MARCO FIDEL RAMÍREZ
Concejal de Bogotá
Liliana Parra
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