El Concejal de la Familia considera que son varias los argumentos por los cuales este acto administrativo vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales que amparan la vida y la niñez en Colombia, que no solo se encuentran establecidos en la Constitución Política sino en tratados y convenios internacionales.
Así mismo para Ramírez, también se vulneran requisitos funcionales y de competencia. En este sentido, el Ministerio de Salud no puede regular el denominado derecho a morir con dignidad, que debe ser reglamentado únicamente por una ley estatutaria y nunca por un acto administrativo, incluso si fundamenta su actuación en Sentencias. Es el Congreso de la República el llamado a normar conforme a sus facultades consagradas en el Art. 152 de la Constitución, los derechos fundamentales.
Adicionalmente, para el Cabildante de Opción Ciudadana, la Resolución 825 de 2018 se justifica en una falsa motivación, porque mal interpreta el Art. 6 de la Ley 12 de 1991 que garantiza la opinión y criterio de los niños para su formación personal, circunstancia que no debe ser asociada con el estado de salud de un infante, que en muchos de los casos no puede juzgar sobre su propia condición.
Ramírez aseguró que “ni la Corte Constitucional, ni el Ministerio son coherentes con el espíritu de la Constitución, ni con el sentir del pueblo colombiano, porque conducen a desconocer el compromiso del Estado de proteger la vida y la dignidad humana que le imponen los artículo 11y 44 de la Carta Magna y la Convención de los derechos de los niños de UNICEF que suscribió, derechos que prevalecen sobre todos los demás”.
MARCO FIDEL RAMÍREZ
Concejal de Bogotá
