La tutela interpuesta por el cabildante de Opción Ciudadana, gestor de la Bancada Ambientalista, contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), fue motivada por no recibir respuesta dentro de los términos legales a la solicitud presentada el 18 de agosto del 2017, para dirimir a través de este mecanismo de participación ciudadana, el conflicto entre dos visiones opuestas: construir en este territorio como pretende la Administración Bogotá Mejor para Todos o proteger los derechos y servicios ambientales de los ciudadanos que se oponen a tocar la Reserva Van der Hammen.
Por esta razón, el Alto Tribunal consideró que la omisión administrativa de la CAR vulneró el derecho de petición del Concejal de la Familia, pues por una parte, no resolvió la inquietud y por otra, su respuesta inicial no fue notificada en debida forma. En consecuencia, esa autoridad ambiental deberá dar respuesta de fondo o en su defecto, informar la fecha en que el Consejo Directivo se reunirá para responder, en un término que no supere los 10 días, contados desde la notificación de la providencia.
Finalmente, el Tribunal expuso en el fallo que la CAR sí tiene competencia para resolver lo solicitado por el Concejal de la Familia, teniendo en cuenta que esta petición debió remitirse a la autoridad respectiva dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición.
