De acuerdo con el Concejal de la Familia, “si bien es cierto, que el Estado debe velar por la seguridad de los detenidos, el ministro Gil y el director del Inpec, deben ser investigados porque incurrieron en un posible trato arbitrario y discriminatorio al beneficiar a Santrich quien voluntariamente pone en peligro su salud, frente a otros detenidos que padecen enfermedades graves no originadas por su voluntad y en cambio, el Estado no les otorga las garantías para salvaguardar su vida y dignidad humana”.
El cabildante Ramírez Antonio realizó esta solicitud de investigación disciplinaria, fundamentado en el principio de igualdad que regula las actuaciones de las autoridades penitenciarias y carcelarias, las cuales deben ceñirse a la Ley 65 de 1993, que plantea los imperativos a partir de los que deben actuar los servidores públicos, cuando toman decisiones sobre traslados de los detenidos.
Finalmente, el concejal de Bogotá, cuestionó en la solicitud de investigación la pertinencia de determinar si la Fundación Caminos de Libertad, tiene dentro de su objeto social la prestación de servicio hospitalario, teniendo en cuenta que el traslado de un detenido, por cuestiones de salud, solo puede ser legitimado cuando es llevado a un centro hospitalario.
MARCO FIDEL RAMÍREZ
Concejal de Bogotá
