La Concejal de Bogotá, Tata Hernández, alertó sobre la grave situación de seguridad relacionada con la participación de menores de edad en delitos y el crecimiento del reclutamiento por parte de estructuras criminales en la ciudad.
Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025, fueron capturados 5.329 menores de edad, entre los 14 y 17 años, por la comisión de delitos en Bogotá. De ellos, 98 estuvieron involucrados en homicidios.
La cabildante recordó casos que han conmocionado a la ciudad, como el asesinato del joven David Esteban Nocua en Usme, el de Jean Claude Bossard en Usaquén durante un intento de hurto, y el atentado contra Miguel Uribe Turbay, hechos en los que los victimarios fueron menores de edad.
Frente a las cifras oficiales, la concejal cuestionó que se presenten como avances reducciones marginales en los indicadores. “En 2020 se registraban, en promedio, 3 delitos diarios cometidos por menores. Hoy ese promedio es de 2,8. Una reducción de apenas 0,2 no es una victoria en seguridad; es un estancamiento que evidencia que no hemos sido capaces de cambiar el rumbo”, afirmó.
Hernández advirtió que estas cifras representan apenas una parte del problema y que existe un fenómeno aún más grave que está creciendo silenciosamente: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
“Mientras aquí discutimos décimas en los indicadores, las estructuras criminales avanzan en los barrios. El reclutamiento de menores aumentó un 43% en el último año. Eso significa que el crimen no solo se mantiene, se está renovando”, señaló.
La concejal también denunció la falta de respaldo suficiente por parte del Gobierno Nacional para enfrentar esta problemática, especialmente en materia de aumento del pie de fuerza.
Asimismo, alertó que espacios que deberían ser seguros para los niños —como colegios, parques y bibliotecas— están siendo cooptados por estructuras criminales como el Tren de Aragua, “La Mesa” y otras bandas que operan con impunidad en distintos sectores de la ciudad.
En ese sentido, cuestionó programas como “Jóvenes en Paz”, que entregan hasta un millón de pesos mensuales a menores entre 14 y 17 años sin controles efectivos sobre el uso de los recursos.
“Un incentivo sin seguimiento no transforma vidas; puede terminar financiando el mismo problema que se pretende resolver”, advirtió.
La cabildante señaló que este fenómeno se concentra principalmente en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa y Kennedy, donde la falta de oportunidades facilita la acción de las redes criminales y la instrumentalización de menores.
“No estamos frente a delincuencia juvenil aislada. Estamos frente al uso sistemático de menores por parte del crimen organizado”, enfatizó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para dejar de medir el problema en variaciones mínimas y enfrentarlo con la contundencia que exige.
“¿Vamos a seguir midiendo el problema en décimas, o vamos a tomar decisiones de fondo para proteger a nuestros niños?”, concluyó la Concejal.
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