Durante la plenaria del Concejo de Bogotá realizada en el marco del debate de oposición sobre la Proposición 1129 de 2025, la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, llamó la atención sobre las graves condiciones que enfrentan las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y gitanas víctimas del conflicto armado que actualmente residen en la ciudad.
Bernal intervino luego del debate presentado por el Taita Óscar sobre el “Seguimiento a los Artículos del Plan de Desarrollo Distrital”, orientado a evaluar el avance de los compromisos étnicos del Plan “Bogotá Camina Segura”. En su intervención, señaló que estas comunidades continúan enfrentando pobreza, exclusión social, racismo y nuevas formas de violencia urbana, a pesar de los esfuerzos institucionales.
Déficit en el cumplimiento de medidas nacionales y distritales
La concejala recordó que Bogotá aún no logra implementar de manera efectiva los mandatos emitidos por la Corte Constitucional en los Autos 004 y 005 de 2009, ni los lineamientos establecidos en los Decretos Ley 4633 y 4635 para la atención y reparación integral de pueblos indígenas y comunidades negras.
“Los planes de desarrollo no han incorporado con suficiente rigor las medidas necesarias para garantizar una reparación integral y diferencial a estas poblaciones que hoy conviven en Bogotá”, advirtió.
Cifras del Registro Único de Víctimas
Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV) para 2025, Bogotá alberga 374.655 víctimas del conflicto armado, de las cuales 57.324 pertenecen a grupos étnicos, distribuidos así:
- 36.304 personas negras o afrocolombianas.
- 357 raizales.
- 19.210 indígenas.
- 1.313 gitanos.
Adicionalmente, el RUV reporta que el 65% (225.713) de las víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad no han superado su situación de vulnerabilidad. Aunque esta información no se encuentra desagregada por pertenencia étnica, Bernal señaló que una proporción significativa pertenece a pueblos indígenas, comunidades negras, raizales y palenqueras.
Incremento del reclutamiento de menores
Bernal también alertó sobre el aumento del reclutamiento de menores en Bogotá. El año 2025 registra 177 casos, lo que representa un incremento del 43% frente al 2024.
Si bien las cifras oficiales no discriminan por grupo étnico, distintas denuncias en medios revelan casos de jóvenes indígenas y afrodescendientes en zonas vulnerables de Usme y Ciudad Bolívar vinculados a estructuras armadas.
La concejala solicitó a la Administración Distrital informar con precisión el avance del Artículo 144 del Plan de Desarrollo Distrital, relacionado con medidas diferenciales para estas comunidades.
De igual forma, pidió activar de manera prioritaria rutas de acceso a vivienda para las familias indígenas y afrodescendientes que buscan reubicarse en Bogotá, señalando que este es un primer paso para su estabilización y para el ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, instó a fortalecer las acciones de prevención del reclutamiento forzado y a consolidar espacios de construcción colectiva para avanzar en la reparación integral de estas comunidades.
“Bogotá tiene una deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado pertenecientes a pueblos indígenas, negros, raizales y gitanos. Su inclusión social y económica requiere medidas claras, sostenidas y culturalmente pertinentes”, concluyó la concejala Bernal.
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