Durante segundo debate al proyecto de acuerdo 462 de 2022, por medio del cual se autoriza el ingreso del distrito capital a la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones, la concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal, hizo referencia al modelo de asociatividad que plantea el proyecto, donde claramente está en contra de lo que quiere la gente, cabe resaltar que en reiteradas ocasiones, desde la bancada Colombia Humana UP, se viene manifestando que es necesario diseñar e implementar un esquema de asociatividad legítimo, representativo, justo y coherente, que propenda por la garantía de derechos de las personas y la sustentabilidad del territorio, sin embargo, es claro que el esquema propuesto por la alcaldesa de Bogotá Claudia López y la gobernación de Cundinamarca, no cumple con esos objetivos.
Para la concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal, el esquema de asociatividad de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, debe establecerse desde una perspectiva sistémica que reconozca y se determine desde la estructura ecológica del territorio y desde la diversidad cultural y poblacional de la región y cuyos flujos de interacción estén direccionados desde los municipios hacia Bogotá, fortaleciendo así la descentralización a la par que se reducen los impactos que la Capital genera en la región en términos ambientales, económicos y políticos.
Durante el debate la concejala Bernal afirmó, que la región metropolitana traerá una cascada de cargas tributarias a la ciudadanía, quien ya ha manifestado de manera clara y contundente su inconformidad.
De la misma manera cuestionó a la administración distrital frente al ¿Por qué un esquema de asociatividad en contra de la gente?, ¿Si no fue creada para determinar la gestión ambiental territorial y el desarrollo sustentable de la región, para qué se creó?, ¿Cómo se protegerá la sabana de Bogotá?, ¿A quién busca privilegiar?
Por último, la concejala Ana Teresa Bernal señaló que con esta Región Metropolitana, la concentración de poder político, administrativo y económico queda en manos de la Alcaldía y la Gobernación, sin la efectiva participación ciudadana, al omitir la consulta popular y en vulneración de la autonomía de los entes territoriales, tal como lo deja ver el artículo 14 de la ley orgánica, solo significará que la planificación de la Región responderá a los intereses de sectores privados en particular el inmobiliario y el de transporte, con grandes impactos sociales, culturales y ecológicos.
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