La Concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal, de la bancada Colombia Humana UP, radicó ante la JEP y la Corte Constitucional, una solicitud especial para revisar la implicación del posible desvió de los recursos destinados al cumplimiento del acuerdo de paz en los municipios PDET. Según investigaciones de los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, publicadas en la emisora BluRadio el pasado 29 de junio del año en curso, donde se generó una alerta ante un posible saqueo de más de quinientos mil millones de pesos, a través de los trámites desarrollados en el OCAD PAZ, órgano responsable de priorizar los proyectos de inversión en los territorios PDET provenientes del Sistema Nacional de Regalías.
Para la concejala de Bogotá, la paz es un imperativo ético, pero también un mandato constitucional y, dado que los acuerdos de paz firmados con las FARC tienen la categoría de ser constitucionales, el posible saqueo y las ilegalidades en la destinación de los recursos de la paz, infringen las garantías constitucionales a los firmantes de la paz, a las víctimas del conflicto y a las comunidades de los territorios PDET, por esta razón, se le ha solicitado a la Corte Constitucional que, realice la verificación del cumplimiento a su sentencia SU-020 del año 2022, por la conexidad material y teleológica que tiene el acuerdo final de paz y su implementación; así mismo, que solicite a la Fiscalía General de la Nación investigue los presuntos actos de corrupción y desviación de recursos; en la misma forma, se ha solicitado a la JEP que dicte medidas de protección integral respecto de la población excombatiente y sus familias, en observancia con las medidas cautelares que ha determinado esa jurisdicción.
Los responsables de este presunto desvío deben comparecer ante las instancias que realizan el seguimiento y control a la implementación de los acuerdos de paz, pero también ante los organismos penales y disciplinarios, para que asuman su responsabilidad.
La lucha contra la corrupción debe ser prioridad para lograr una paz total.
Enlace para visualizar la carta dirigida a la Corte Constitucional
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