Este martes, la Plenaria del Concejo de Bogotá adelantó la primera parte del debate de control político sobre la seguridad en la capital, citado por la concejal Marisol Gómez y la bancada del Movimiento Bogotá Para la Gente.
Esta sesión comenzó con la participación de los concejales de la bancada citante, quienes coincidieron en que la percepción de inseguridad de los bogotanos está relacionada con que no se han reducido sustancialmente los delitos en la ciudad. De acuerdo con Marisol Gómez, “aunque las cifras de delitos en Bogotá disminuyeron, excepto el hurto de bicicletas, existe una tendencia sostenida de homicidios durante los atracos”.
Para el concejal Carlos Fernando Galán, la administración está haciendo una lectura errónea del efecto de la pandemia en la reducción de la delincuencia. “La lectura que se hace de los datos llama a una desconexión entre el ciudadano y la Administración porque el ciudadano percibe que la Administración no está entendiendo lo que él vive en el territorio”, señaló el cabildante.
A su turno, otro de los concejales citantes, Juan Baena, aseguró que “los delincuentes se profesionalizaron, pues pasaron del raponazo al uso de armas de fuego. Esta modalidad de atraco aumentó en 12% entre 2019 y 2020”, dijo.
Los concejales de la bancada de Cambio Radical también cuestionaron las medidas que ha tomado la Alcaldía de Claudia López para reducir la inseguridad en Bogotá. Para Yefer Vega, “el hurto a bicicletas, la percepción de inseguridad actual y la violencia contra la mujer exigen medidas contundentes como, por ejemplo, comisarías con un sistema de información robusto que se consolide en tiempo real y salve vidas”.
El segundo concejal en participar en nombre de esta bancada fue Rolando González, quien reveló que en Bogotá operan 263 estructuras criminales. “La ciudad requiere una renovación en términos de videovigilancia, analítica e inteligencia artificial urgentes. Quisiera saber qué pasó con los detectores de metales en Bogotá cuando, en 2020, se incautaron 132.000 armas blancas en la ciudad”, afirmó el concejal.
Según el concejal Julián López de Cambio Radical, “la vida de los bogotanos está valiendo entre 50.000 y 100.000 por robarles un celular o una billetera. Alarma que se siga viendo al espacio público como un lugar inseguro. Durante la pandemia el 84% de las personas se sienten inseguras en la calle”.
Por otra parte, la concejal Carolina Arbeláez cuestionó algunos gastos en los que ha incurrido la Secretaría de Seguridad. “Quiero hacer una propuesta: ¿por qué en lugar de gastarse 800 millones de pesos en tiquetes aéreos no se vinculan referentes de seguridad, exmiembros de la Policía y se usan sus conocimientos para mejorar la seguridad en Bogotá?”, dijo la cabildante.
La tercera bancada en participar en la primera parte del debate de control político sobre seguridad en Bogotá fue la de la Alianza Verde. 11 concejales de este partido intervinieron durante la sesión.
De acuerdo con la concejal Lucía Bastidas “lo primero que debemos hacer es reconocer que la seguridad de Bogotá no va bien”. A lo que añadió que el espacio público, para ella, ha muerto en Bogotá y se debe atacar una segunda pandemia: el feminicidio.
El concejal Julián Rodríguez se refirió a lo que él denominó el “populismo punitivo” al capturar en operativos a los eslabones más débiles de las bandas criminales. “Cada joven capturado es una vida perdida ante un Estado incapaz de garantizarle soluciones para evitar que sea instrumentalizado por la delincuencia”, aseguró.
Luis Carlos Leal, por su parte, insistió en la importancia de denunciar y de atacar los grupos armados delincuenciales y las redes de narcotráfico que operan en Bogotá. “Al menos el 56% de los delitos que ocurren en Bogotá no se denuncian. Tenemos que ser sinceros con la magnitud del problema, no debe haber frentes de seguridad, necesitamos crear Estructuras Especiales de Policía e invertir en la modernización de las cámaras de seguridad”, comentó el concejal.
El cabildante Julián Espinosa hizo énfasis en la necesidad de una política integral de seguridad urbana que, según él, debería ser liderada por el Ministerio de Defensa. “Bogotá tiene un déficit de uniformados. Tenemos algo más de 17.000 policías, pero necesitamos 24.255 para cumplir con el estándar internacional de Naciones Unidas. Sin pie de fuerza, es muy difícil implementar estrategias que mejoren la seguridad de la ciudad”, afirmó.
Mientras tanto, Diego Cancino propuso una “Policía a lo bien” para enfrentar la inseguridad en Bogotá. Para él, “si logramos formar una policía bajo el enfoque de cultura ciudadana jamás se repetiría una masacre, con 13 muchachos asesinados, como la que ocurrió el 9, 10 y 11 de septiembre; jamás se maltrataría la protesta social. No se repetirá tampoco lo que ocurrió el 21 de noviembre de 2019 donde se dieron desapariciones, violaciones y detenciones arbitrarias”.
La concejal María Clara Name dio a conocer lo que, para ella, es un riesgo latente en entornos inseguros: la vinculación de la juventud a la criminalidad. “En enero de 2019, el número de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban ascendía a 381.000. Esperamos que se cumpla con el logro seis del Plan Distrital de Desarrollo, con el que se busca que principalmente los jóvenes de bajos ingresos accedan a entornos productivos”, aseguró la concejal.
Para Martín Rivera, “en Bogotá sigue siendo determinante el lugar donde se nace para definir cuál es el prospecto de vida de un ciudadano. Si hubiéramos nacido en una localidad o UPZ distinta, quizá tendríamos otras realidades. Ahí como Estado y como Distrito le hemos fallado a las personas que habitan Bogotá. Necesitamos garantizarles más y mejores oportunidades”.
Andrés Onzaga, también concejal de la Alianza Verde, insistió en que la principal preocupación de los ciudadanos es la inseguridad en el territorio. “Es alarmante que en 2020 la ciudad haya tenido que pagar más de 18.000 millones de pesos en reposición de mobiliario público hurtado”, añadió.
Por otro lado, el concejal Diego Laserna puso en duda la total responsabilidad de la Secretaría de Seguridad en las cifras de criminalidad de Bogotá, pues insistió en que hay muchos actores que intervienen en una política de seguridad. “Denos tres puntos de la estrategia de la entidad sobre los que podamos medirlo a usted, señor secretario", refutó el concejal.
“Yo quiero que los secretarios de seguridad y movilidad se comprometan a cumplir al 100% la meta de interconectar las cámaras de seguridad de la ciudad y del transporte público. Uno de los puntos que debe revisarse es la entrada y salida de pasajeros de la Terminal de Transportes. Allí cuentan con unas excelentes cámaras que, a través de identificación facial, podrían ayudarnos a consolidar bases de datos actualizadas", señaló el concejal Edward Arias.
Finalmente, la concejal María Fernanda Rojas hizo énfasis en el robo de bicicletas y le solicitó al Secretario de Seguridad, Hugo Acero, dar a conocer las medidas que está implementando para desmantelar las bandas dedicadas al hurto de estos medios de transporte. “Hay dos cosas en las que debemos avanzar: el registro de las bicicletas desde su venta y en multiplicar el control a establecimientos comerciales”, puntualizó la Presidenta de la Corporación.
La sesión, en la que estuvieron citados los Secretarios de Seguridad, Hugo Acero, de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, el gerente del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON –, Carlos Marín y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP –, Luz Amanda Camacho, se le dará continuidad en la primera Plenaria del mes de abril, una vez se retorne de la Semana Santa, fecha en la que las demás bancadas políticas intervendrán y la Administración responderá las inquietudes ya planteadas.
Concejo de Bogotá
