Este domingo, la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá realizó debate de control político a la proposición 150 de 2021 “Servicios públicos: tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado, servicio de alumbrado público y operación del relleno sanitario Doña Juana” de autoría del concejal Manuel José Sarmiento del Partido Dignidad.
El concejal citante se refirió a dos casos puntuales en el debate, el alumbrado público y el Relleno Sanitario Doña Juana, asegurando que se encuentran en riesgo, no solo los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, sino también las finanzas públicas de la ciudad y señaló que los bogotanos y bogotanas están pagando grandes sobrecostos en la energía por alumbrado público.
También el concejal manifestó que la energía no se cobra por consumo real, sino que en Bogotá se hacen cálculos de acuerdo a las características luminarias y agregó: “según el Departamento Nacional de Planeación, en el año 2018 publicó un estudio sobre los distintos sistemas de alumbrado público del país, destacando que Bogotá es una de las ciudades donde se pagan los mayores sobrecostos en energía por alumbrado público”.
El cabildante Sarmiento continuó el debate manifestando que otro caso de privatización, con costosos perjuicios para la ciudad, es el relleno Doña Juana, que causa graves daños ambientales y sociales, además de altos costos para los usuarios.
Luego, intervino el concejal Jorge Colmenares, quién hizo énfasis en las tarifas de los servicios públicos y sostuvo que cada de cada 10 bogotanos, 3 están pasando hambre y no tienen con qué pagar las diferentes obligaciones y agregó que se necesita con urgencia un plan de choque o un plan estratégico que logre cobijar todos los sectores económicos y sociales de la ciudad.
Continuó el concejal Fabián Puentes, quien manifestó que es necesario que se haga un seguimiento periódico a las actuaciones de las entidades de los servicios públicos, pero sobre todo en cómo se gestiona los trámites de solicitudes de la ciudadanía.
Prosiguió el concejal Celio Nieves, quien presentó una serie de cuestionamientos sobre el impacto del plan de financiación para los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado y preguntó a la Contraloría de Bogotá, ¿cuáles son los argumentos y evidencias que soportan la presunta condonación de una deuda por parte de la UAESP a Codensa S.A. por valor de 16 mil millones de pesos?.
La concejal Susana Muhamad se pronunció sobre varios aspectos del modelo de residuos y preguntó sobre la licencia para la optimización de la fase 2 del relleno Doña Juana que está a punto de vencer.
Mientras tanto, el concejal Marco Acostá advirtió que la emergencia sanitaria persiste y las deudas se acumulan, donde muchas familias, comerciantes y microempresarios han llegado a su límite por los incrementos en los servicios públicos, materias primas y otros.
Por su parte, la concejal Lucía Bastidas preguntó sobre el estado de los contratos del Relleno Sanitario Doña Juana y manifestó su preocupación por el riesgo de perderse 3.500 millones de pesos por un contrato para la licencia ambiental.
El concejal Andrés Onzaga advirtió que a la población con discapacidad, la pandemia les ha traído enormes dificultades y una de esas ha sido el poder seguir pagando sus servicios públicos.
En el debate también intervino el concejal Julián Rodríguez Sastoque, enfocándose especialmente en la prestación del servicio público de aseo y su modelo y preguntó sobre el estado actual de implementación del plan de choque que garantiza el funcionamiento del sistema de tratamiento de lixiviados.
Continuó en el debate la concejal María Victoria Vargas quien se refirió al artículo 128 sobre el modelo de administración para la prestación y operación integral del relleno sanitario de Doña Juana.
Posteriormente, la cabildante Ana Teresa Bernal manifestó: "el Relleno Sanitario Doña Juana se ha constituido en una de las mayores afectaciones ambientales para el sur de Bogotá, en particular para la cuenca del río Tunjuelo, su presencia ha significado en gran medida una violación a la calidad de vida y a los derechos humanos de centenares de familias que han tenido que vivir en medio de dramáticas condiciones que vulneran su dignidad”.
A su turno, el concejal Álvaro Acevedo manifestó que la Adm. Distrital debe solucionar los cobros exagerados que atentan en forma indiscriminada contra el derecho fundamental al patrimonio económico de los hogares bogotanos, especialmente los estratos 1 2 y 3.
En medio del debate también solicitó la palabra la concejal María Clara Name, quien habló sobre la emergencia sanitaria inesperada que obligó al confinamiento de las personas en sus hogares y con ello incrementaron las quejas, los reclamos y denuncias de ciudadanos que se sienten víctimas por el elevado costo de las tarifas de los servicios públicos.
Al terminar la intervención de los concejales, continuó en el debate la Administración Distrital con la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, quien respondió algunas de las inquietudes de los concejales y habló sobre los componentes tarifarios y manifestó que con la situación de la pandemia con el Decreto 441 del 20 de marzo del 2020, se hizo una suspensión temporal de esos incrementos tarifarios en Acueducto y Alcantarillado mientras dure la declaratoria de la emergencia sanitaria.
Seguido, continuó la intervención Heyby Poveda de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y agregó: "La EAAB-ESP durante el año 2020, no aplicó incrementos tarifarios y se mantuvieron las tarifas vigentes al cierre del año 2019".
También indicó que con la Resolución CRA 936 del 30 de noviembre del 2020, se permite realizar el cobro de las variaciones acumuladas por ajustes tarifarios suspendidos temporalmente desde marzo de 2020 a noviembre de 2020 y se adoptan nuevas tarifas mediante Acuerdo de Junta Directiva 62 del 17 de diciembre del 2020.
Finalmente, el concejal citante del debate de control político, Manuel Sarmiento, entregó unas conclusiones frente a las tarifas del servicio de alumbrado en Bogotá y manifestó: “no hay una cobertura del 100% de las luminarias y en la modernización de un sistema público se debe incluir y modificar ese cálculo que se tiene o que funciona en este momento por un sistema de monitoreo y de consumo real de medición”.
Tras 5 horas de debate las entidades del Distrito manifestaron responder por escrito, a través de derechos de petición, cada una de las dudas que no fueron atendidas durante el desarrollo de este debate de control político.
Concejo de Bogotá
