Este sábado, la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá desarrolló la segunda parte del debate de control político sobre contratación en las localidades de la ciudad, citado por la presidenta de la Corporación, concejal María Fernanda Rojas, y la bancada de la Alianza Verde.
En esta sesión los concejales voceros intervinieron y presentaron algunas denuncias y propuestas.
La concejala Heidy Sánchez hizo énfasis en el programa “El Trabajo Es Local”, una estrategia para potenciar el empleo para los habitantes de cada localidad durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, para la cabildante, la manera en cómo se desarrolló el contrato, en el que Compensar sirvió de agencia de empleo, llevó a que el dinero público se quedara en privados a través de intermediarios.
A su turno, el concejal Andrés Onzaga reveló la baja ejecución del presupuesto por parte de las alcaldías locales, los cambios en los porcentajes de inversión para malla vial que se dejó de contratar en 6 de las 20 localidades de Bogotá y las irregularidades de las alcaldías locales de San Cristóbal y Bosa que entregaron ayudas para personas con discapacidad en 2019 y dejaron de hacerlo el año pasado.
El concejal Nelson Cubides cuestionó la multiplicidad de funciones de las alcaldías locales y propuso una serie de reformas que incluyen ajustar la naturaleza jurídica y la gestión del talento humano. Para el cabildante, es fundamental que la Secretaría de Gobierno trabaje por mejorar la eficiencia en los procesos administrativos de las localidades.
Al finalizar las intervenciones de los concejales, la Administración Distrital, en cabeza del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, expuso cuál ha sido la gestión para reducir las irregularidades en la contratación de las 20 localidades de Bogotá. El funcionario también presentó lo que él denominó “La revolución del nivel local 2021-2024”, que incluye aumentar capacidades, coordinación y eficiencia de las alcaldías locales.
A pesar de las respuestas del secretario, concejales como Lucía Bastidas manifestaron su descontento porque el funcionario no mencionó temas como el contrato que existe para apoyar las ayudas alimentarias en medio de la pandemia con la Cruz Roja.
En esta ocasión, los delegados de los organismos de control como la Personería de Bogotá, la Contraloría de ciudad y la Veeduría Distrital presentaron su trabajo para reducir las irregularidades en los procesos contractuales que adelantan las alcaldías locales. La Contraloría se comprometió a presentar sus hallazgos sobre varias investigaciones que lidera próximamente al Concejo.
A manera de conclusión, la presidenta del Concejo, concejala María Fernanda Rojas, solicitó investigaciones reales a personajes como Carlos Pinzón y alcaldías locales que reincidan en contrataciones dudosas. “Con la nueva información que me ha entregado la Contraloría y Secretaría de Gobierno he avanzado más en la investigación. Las alertas lanzadas desde el Concejo en años anteriores han servido para que en 2020 y 2021 Pinzón Molina y su presunto grupo haya ganado menos contratos”, dijo.
La concejala Rojas se comprometió a ahondar en el capítulo de ejecución presupuestal de las alcaldías locales en un próximo debate de control político.
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