Este martes, la Comisión de Gobierno inició el debate de control político sobre contratación en las alcaldías locales de Bogotá, citado por la concejala María Fernanda Rojas y la bancada de la Alianza Verde.
De los primeros temas en discusión fueron los múltiples contratos que le han sido adjudicados al señor Carlos Pinzón, de acuerdo con la presidenta del Concejo de Bogotá, concejala María Fernanda Rojas, este hombre no solo ha contratado más de 30 mil millones de pesos como persona natural con el Estado, sino que tiene un grupo de cuatro empresas que han recibido contratos por 110 mil millones de pesos.
“En un debate de 2019 le pedí a los entes de control verificar los rumores de la relación de Pinzón con otras dos empresas que, se decía, estaban vinculadas con él para ver si la concentración contractual era más grave de lo que se creía. Es el caso de la Asociación de Hogares Sí a la Vida y FUNINDER. Como la respuesta de esas entidades ante las denuncias fue más bien escasa, me di a la tarea de verificar y encontrar pruebas de ese vínculo”, manifestó la concejal María Fernanda Rojas.
Dentro de su investigación, la presidenta de la corporación también identificó otras dos empresas como parte de los aliados de Carlos Pinzón para participar en licitaciones públicas: FUNVIVIR y PRODEPORT. Ante estos hallazgos, la concejala concluyó que hay fallas en la contratación local porque las interventorías y supervisiones no funcionan y los llamados de los entes de control sobre fallas de los contratistas no parecen tener consecuencias.
A su turno, la concejal Lucía Bastidas se refirió al presupuesto de las alcaldías locales que, para 2020, estuvo sobre los 1.8 billones de pesos, en donde la localidad Kennedy tuvo más asignación de recursos y San Cristóbal celebró más contratos. “Ni Lucho, ni Gustavo, ni el mismo Enrique pudieron con el tema de las alcaldías locales. Estos recursos deberían ser sagrados”, dijo.
La cabildante manifestó su preocupación porque se haya destinado el año pasado 165.330 millones de pesos para contratos de prestación de servicios mientras que para obras, malla vial y parques solamente 69.830 millones. “Yo quisiera saber, además, cuántos de esos 5.855 contratos fueron entregados a través de la estrategia Talento, No Palanca”, aseguró la concejal Lucía Bastidas, quien también criticó los cinco contratos que le dieron a la Cruz Roja por más de 71 mil millones de pesos para apoyar la emergencia sanitaria. Por esta razón les exigió a los organismos de control ponerles la lupa a las alcaldías locales.
Otra de las concejales de la Alianza Verde en intervenir fue María Clara Name. Ella hizo énfasis en la necesidad de aumentar la eficiencia administrativa en las alcaldías locales, ya que tienen 153 funciones poco claras que, para ella, no pueden cumplir a cabalidad. "Hay que avanzar en la estrategia de Gobierno Abierto. Debemos fortalecer la gestión pública en las alcaldías locales y aclarar cuáles son sus funciones y si pueden cumplirlas", añadió.
La concejal Andrea Padilla se refirió específicamente al presupuesto que garantizaron los ciudadanos, a través de los Presupuestos Participativos, para los animales de Bogotá. “Gracias a los Encuentros Ciudadanos quedó consignado que las alcaldías locales deben invertir en programas de protección animal más de 52 mil millones de pesos. Entre los proyectos deben priorizarse en las líneas de inversión las esterilizaciones y las brigadas médicas. Solicito a los entes de control poner la lupa sobre los recursos para proyectos locales de protección animal. Tememos que este dinero se utilice en otros rubros", dijo.
El concejal Diego Cancino invitó a la Administración y a los alcaldes locales a trabajar desde un enfoque territorial. “Debemos construir una visión compartida anclada territorialmente y que de ahí puedan salir unas acciones colectivas coordinadas. Debemos coordinar ese horizonte territorial a la luz de la transformación de conflictos de manera no violenta”, señaló.
Mientras que el concejal Julián Rodríguez se concentró en las obras de las nuevas sedes para las alcaldías locales de Tunjuelito y Teusaquillo. La primera debería entregarse el próximo mes y la segunda debió estar para los ciudadanos y personal administrativo de esa alcaldía en 2019. De acuerdo con el cabildante, las más de cuatro prórrogas que han tenido estos contratos obedecen a conceptos que debieron estar incluidos en los estudios y diseños de la obra (etapa inicial del proyecto).
El concejal Martín Rivera también expresó su preocupación con una obra en específico: la adecuación de la malla vial y renovación del espacio público de las calles 68F sur y 69H sur del barrio Sierra Morena, ubicado en Ciudad Bolívar. Según el cabildante, desde febrero pasado ha hecho seguimiento a esta pequeña obra y hasta ahora no ha habido avances relevantes ni respuestas por parte de la alcaldía local, el contratista o la interventoría.
Al terminar las intervenciones de los concejales de la bancada citante, los concejales voceros de otras bancadas participaron para dar sus apreciaciones sobre la contratación en las 20 localidades de la ciudad.
La concejala Marisol Gómez recogió las denuncias de las concejalas María Fernanda Rojas y Lucía Bastidas y reflexionó sobre el papel de los entes de control en la celebración de contratos. ¿Qué está pasando con la Contraloría o la Personería para que personajes como Carlos Pinzón dejen de recibir contratos?, se preguntó. La cabildante también exigió mejorar los procesos de elegibilidad de alcaldes o alcaldesas locales de Bogotá.
Para la concejal Diana Diago llamó la atención que el 83% de la contratación de las alcaldías locales se haya efectuado bajo la modalidad de prestación de servicios durante 2020. Por eso solicitó claridades frente a los criterios para adjudicar o celebrar directamente estos contratos. De la bancada del Centro Democrático también intervino el concejal Papo Amín, quien cuestionó la pertinencia del contrato por casi 37 mil millones de pesos que tiene el Distrito con Compensar.
Finalmente, la concejal María Victoria Vargas hizo un resumen del denominado “Carrusel de la Contratación” y de los escándalos de corrupción que lo antecedieron para concluir que todos los partidos políticos y dirigentes tienen responsabilidad en estos hechos y los invitó a ponerle un alto a la corrupción exigiendo acciones a los entes de control. “Si hay contratos que están siendo investigados, ¿qué ha pasado? Debemos ponernos de acuerdo para frenar la corrupción entre todos los concejales de Bogotá", aseguró.
A manera de conclusión de este primer día de debate, la concejal María Fernanda Rojas recordó su interés en denunciar la corrupción desde todas las esferas. "No voy a dejar de hacer denuncias en todas las instancias necesarias y en el momento en que encuentre cosas que impliquen a personas de esta Administración, que puedan afectar el trabajo de la Alianza Verde, con mayor razón lo haría", puntualizó.
El debate de control político fue suspendido y se retomará el próximo sábado 19 de junio, en una nueva sesión de la Comisión de Gobierno.
Concejo de Bogotá
