Los concejales manifestaron que la vigilancia se realizará a través de una comisión conformada por los representantes de la comunidad para cada uno de los lotes del proyecto, el IDU, los contratistas y los órganos de control.“Persisten las observaciones que nos llevaron a solicitar la suspensión del proyecto, por lo que nos corresponde vigilar su corrección y la protección de los derechos y garantías para las comunidades afectadas” manifestó el concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático.
De igual manera, el Concejal Martin Rivera Alzate de la Alianza Verde, ha insistido en la necesidad de buscar la mejora y complementacion al proyecto actual, tanto en obras de infraestructura como en su gestion predial y social: “Debemos ser muy riguroso con las obras que de aquí en adelante le entregamos a la ciudad, que en el siglo XXI se merece las mejores condiciones.”
Las comisiones accidentales son una herramienta de control político con la que cuenta el Concejo ante las actuaciones del Gobierno Distrital, a ellas se encuentran obligados a asistir las entidades responsables de ejecutar el proyecto, la Personería y Contraloría de Bogotá. “Nuestro interés es construir acuerdos colectivos que beneficien a la comunidades afectadas y alivien los impactos del proyecto” declaró Rivera.
Esta comisión hace parte de las acciones que han promovido siete concejales de las bancadas del Polo Democrático Alternativo y el Partido Alianza Verde ante los serios cuestionamientos de infraestructura y presupuesto del proyecto. El IDU se encuentra licitando los contratos de interventoría que se adjudicaría en marzo y con los cuales se tiene proyectado iniciar oficialmente los nueve contratos de obra. “Durante 2020 el IDU debe definir los diseños definitivos y realizar el proceso de concertación con la comunidad afectada, nuestra labor será acompañar estos procesos” concluyó el concejal del Polo.
