Con el desarrollo a la proposición No. 616 de 2022, “avances y desafíos en la materialización de los derechos de las victimas étnicas por el conflicto armado en Bogotá”, concluyó en la Comisión de Hacienda el debate de control político de la oposición.
Inició el debate la Concejala Ati Quigua Izquierdo, del Movimiento MAIS, denunciando que 39 pueblos indígenas están en riesgo de exterminio físico y cultural en el país. Según la Cabildante, 1.103.173 víctimas residen en Bogotá, de las cuáles el 21. 4 % tienen pertenencia étnica. “Pero tenemos un genocidio estadístico en torno a las verdaderas cifras de las víctimas”.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, deben involucrar a las autoridades tradicionales de las comunidades étnicas, respetar el gobierno propio y un mecanismo especial de consulta, sin sustituir el derecho a la consulta previa, argumentó la Concejala.
“Nos estamos viendo invisibilizados, con falta de apoyo y oportunidades, necesitamos más proyectos para que nuestra población pueda salir adelante”, destacó, Adriana Luna, líder víctima del conflicto armado. El pueblo seguirá llegando a Bogotá a luchar por sus derechos, no nos han cumplido, somos víctimas, somos desplazados, afirmó una de las mujeres integrantes de la comunidad Embera que se desplazaron a la ciudad.
Por el Distrito intervino Diego Peña, Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación, quién divulgó que 366 mil 517 víctimas del conflicto armado residen en Bogotá, de las cuales 25 mil ya están caracterizadas.
El Secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, anunció que en el primer semestre del 2023 estarán listas las Políticas Públicas que se están trabajando para los pueblos étnicos con presencia en Bogotá.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Concejo de Bogotá
