Puntos principales de la intervención del Concejal Juan Baena (Nuevo Liberalismo), en el debate de control político a la Secretaría de Integración Social del Distrito.
La gente más vulnerable de Bogotá está sufriendo de hambre por cuenta de la mala planeación de la Secretaría de Integración Social, paradójicamente, en la “Bogotá Cuidadora”, que tiene dentro de sus objetivos la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria de la población en los territorios de pobreza, vulnerabilidad y fragilidad social.
Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional, la desnutrición crónica de la ciudad es la más alta del país. Además, cifras del DANE muestran que durante el último trimestre el 24% de los bogotanos tomaron menos de 2 comidas al día. (1.920.000 personas aproximadamente).
Es increíble tener que decir esto, pero parece que a la Secretaría de Integración Social se le olvidaron sus fines misionales y constitucionales que la obligan a garantizar derechos a la población menos favorecida: 1. Cierran los comedores comunitarios, 2. No entregan los bonos canjeables a la población con discapacidad y 3. No le pagan oportunamente a las maestras de los jardines infantiles del Distrito.
Comedores
A la fecha solo hay 10 comedores en funcionamiento de los 104 que estaban previstos para la operación porque los contratos comenzaron a vencerse en abril y no se hizo nada a tiempo para evitarlo. Todo esto pasa en una ciudad con una crisis de inseguridad alimentaria agudizada y que ha dejado a más del 35% de la población en situación de pobreza luego de la pandemia.
¿Qué está pasado? La comunidad, que debería beneficiarse de los programas de Integración Social, nos cuenta que, una vez más, la administración Distrital volvió a dejar vencer los contratos, lo que llevó a la falta de continuidad en la prestación de los servicios de atención social.
Integración Social debe responder por sus graves problemas de planeación y por no realizar debidamente el proceso de diseño de los negocios jurídicos contractuales según las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Y lo más importante, en el tiempo oportuno. Hoy, esta administración ha logrado algo insólito: ha intensificado la situación de hambre de las personas que más lo necesitan.
Integración Social es su propio palo en la rueda, pudo prever esta contingencia y no lo hizo, e incluso denomina ‘contingencia’ a una situación que hemos demostrado que es recurrente y que ellos mismos causaron.
Discapacidad
Desde la primera semana de junio varias personas con discapacidad de distintas localidades se acercaron al Concejo a denunciar que la Secretaría de Integración no había entregado los Bonos canjeables por alimentos. Bonos que, una vez más, se contratan a través de la modalidad de selección abreviada por bolsa de productos.
Una pregunta Secretaria, me gustaría que usted me responda con toda sinceridad ¿Cuánto se lleva el operador y el comisionista por cada bono canjeable? Quiero saber verdaderamente ¿cuál es el precio final de los bonos de discapacidad? Porque sabemos que los costos operativos por comisiones son de entre 100 y 400 millones de pesos, extremadamente altos según mi parecer.
En muchos casos, esos bonos son el único recurso con que la gente cuenta para conseguir comida; sin embargo, por cuenta de una mala planeación de la Secretaría de Integración Social 13.000 beneficiarios se quedaron sin nada en el mes de mayo.
Además, a los beneficiarios no se les dio una información clara de lo que estaba sucediendo, a algunos les llegó un mensaje diciendo que el bono no iba a llegar por falta de presupuesto y a otros ni siquiera se les informó. Esto es lamentable.
¿Cuál es el problema?, Que Integración Social ha utilizado mal el Mercado de Compras Públicas, escudándose en una supuesta “contingencia” que ellos mismos crearon. Ese sistema está destinado a comprar cosas con una lista de mercado a través de una operación en la que se negocian y adquieren productos.
La ciudad lleva tres meses sin comedores comunitarios y ¿por qué? porque a Integración Social le cogió la tarde y no impulsó a tiempo las acciones necesarias para prever y realizar un proceso de contratación eficaz y oportuno.
Esta nueva proyección muestra una disminución del 21% de la cantidad de personas atendidas. Pasamos de alimentar a 41 mil personas a 34 mil. Por favor dígame Secretaria ¿con qué estudio técnico se realizó este cambio?
Otro dato: el 58% de la población más afectada por esa disminución en la cobertura se concentra en cuatro localidades: 1. Ciudad Bolívar, 2. Usme, 3. Kennedy y 4.Suba. Y en general afecta a toda la ciudad ya que la reducción se presenta en 14 localidades, como pueden observar en este gráfico.
La Secretaria de Integración Social decidió mantenerse en silencio frente a estos hechos y así siguió en las respuestas de la proposición que radiqué. Solamente se entabló un diálogo cuando las personas con discapacidad decidieron levantar su voz y organizarse para realizar el plantón del día 13 de junio frente al edificio de la Secretaría.
Y como olvidar que el día 10 de junio estuvimos reunidos con la Bancada por la Discapacidad en las instalaciones del Concejo, y usted Secretaría, a pesar de estar a la misma hora a un salón de distancia en este mismo edificio, ¡no fue capaz de dar la cara y decirles usted misma que el bono de mayo no se iba a entregar!
No entiendo Secretaria ¿Por qué se tiene que llegar a esas instancias para obtener respuestas? Si la comunidad con discapacidad no hubiese tomado las vías de hecho nunca se les habría informado nada. Y peor aún, habrían perdido el bono de mayo. ¡Le pido por favor que no juegue más con la dignidad de las personas y menos con su comida!
Maestras
Quiero hablar también de los problemas por los que están pasando las maestras de jardines infantiles del Distrito, un tema al que me he referido bastante este año, haciendo un llamado a la Administración, especialmente a la Alcaldesa una hija de maestra que no respeta laboralmente a las maestras de jardines infantiles.
Como lo presenté en el debate de control político que realicé en el mes de marzo pasado, la Secretaría de Educación celebra contratos interadministrativos con la Secretaría de Integración Social para la operación de los jardines infantiles, pero sin reconocerle las garantías mínimas de seguridad social a más de 3.000 maestras que contrata para su atención.
Es indignante la forma como cambian los objetos contractuales e interrumpen sus plazos, dejándolas sin trabajo por varios meses para que no se tengan pruebas que constituyan una relación laboral.
Esto ocasiona que los procesos pedagógicos de los niños se interrumpan al cambiar de maestras 3 o 4 veces al año. Cada vez que esto sucede, el vínculo con sus niños y niñas se rompe, precarizando la educación inicial de la primera infancia del Distrito.
Parece que no le importará a la SDIS, ni a la alcaldesa cuidadora, la calidad de vida de estos niños. Dra. Barraquer, los ciudadanos requieren con urgencia, que los impuestos que pagan sean destinados a que los programas sociales cumplan sus objetivos.
Recuerde que los Convenios de Asociación de los jardines infantiles son financiados con recursos aprobados en el marco del rescate social, que tenían como objetivo ampliar la cobertura en más de 16000 niños menores de 0 a 6 años.
A la Secretaría de Integración Social se le asignaron más 164 mil millones, de los cuales se destinaron 41 mil millones para la atención integral de la primera infancia (PI 7744).
Estos convenios, como cualquier acto de la administración deben estar respaldados por una buena planeación e identificación de la necesidad que se pretende satisfacer. Sabemos de casos en los que las bases de datos entregadas por la SDIS están desactualizadas y las maestras salen por las calles de los barrios a buscar niños con megáfono en mano para cubrir los cupos. Para eso no debe ser contratada una maestra.
Señores de la contraloría, ojo con esto: encontramos que la proyección de atención realizada por la SDIS no correspondía a la realidad. Esto quiere decir que no existían los niños supuestamente identificados para cuidar, y como no habían niños suficientes para cuidar en la Bogotá Cuidadora, los pagos no se pudieron realizar al estar supeditados a una meta específica de atención.
En conclusión
La administración tiene la planta profesional suficiente para planear y ejecutar los proyectos por los que esta alcaldía decidió apostar, pero no lo hace.
A eso se suma la pasividad en la resolución de todos los demás problemas generados por este error: los comedores comunitarios dejaron de funcionar por unos meses, las personas con discapacidad se vieron abandonadas al no recibir sus bonos y las maestras que con la mayor convicción se encargan de los niños más vulnerables, no tuvieron una remuneración oportuna y digna.
Doctora Barraquer, exigimos respeto para la ciudadanía y para los colaboradores del Distrito, la ejecución a feliz término de los proyectos es un deber de Estado y no puede planearse sobre la marcha.
Cel (57) 3157517234
