El concejal Daniel Briceño denunció que la Secretaría de la Mujer en Bogotá ha incrementado de manera considerable la contratación por prestación de servicios, pasando de 960 en 2023 a 1.705 en 2024, lo que equivale a un incremento de 77,6% en OPS.
En el debate de control político sobre la violencia contra la mujer en Bogotá, convocado por el Centro Democrático, el concejal Daniel Briceño advirtió que la agenda del alcalde Carlos Fernando Galán ya no es la seguridad, sino el Metro de Bogotá. “La línea comunicativa del alcalde mayor es el metro de Bogotá: el metro avanza 1% y hay rueda de prensa, pero aumentan los homicidios y nadie dice nada”, señaló Briceño.
Además, el cabildante resaltó que mientras los índices de violencia de género aumentan, la Secretaría de la Mujer ha priorizado el gasto en contratos de prestación de servicios, comunicaciones y propaganda por encima de acciones y políticas concretas de prevención y protección. “Las cifras son alarmantes: los delitos sexuales aumentaron un 34,3%, los homicidios de mujeres pasaron de 89 a 115, y las extorsiones a mujeres se dispararon de 481 a 897 entre 2023 y 2024.”, puntualizó.
Briceño denunció que la contratación en la Secretaría de la Mujer está desbordada y resaltó que el año con más contratistas en la historia de la Secretaría coincide con el período más inseguro para las mujeres en Bogotá. "Es inaceptable que la Secretaría de la Mujer esté violando la política de austeridad del alcalde. En vez de disminuir la contratación en un 10%, como fue la instrucción del alcalde, la entidad aumentó la cantidad de contratos de prestación de servicios en un 77% en 2024”, cuestionó Briceño.
Finalmente, Briceño advirtió que los gastos en comunicaciones, eventos y centrales de medios de la Secretaría de la Mujer fueron de 2.245 millones de pesos, en el 2024. También cuestionó puntualmente cómo la Secretaria destinó 43 millones de pesos en una nota de prensa que enmarca su imagen, lo cual resulta en una grave violación del Estatuto Anticorrupción, en su artículo 10, que prohíbe el uso de publicidad o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas para la promoción de servidores públicos.
