En el marco del debate sobre la contratación de los fondos de desarrollo local, la Concejal Mafe Rojas denunció que en las alcaldías locales persiste la concentración contractual a contratistas cuestionados por los entes de control, como es el caso del contratista Carlos Alberto Pinzón Molina, quien en nueve años se ha beneficiado con diversos contratos bajo la figura de persona natural con funciones muy diversas y que superan los $10 mil millones de pesos.
Según explicó la Concejal Rojas la Contraloría de Bogotá en 2014 elaboró un informe de auditoría titulado “Fondos de desarrollo local de Usaquén, Chapinero, Santafé, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Carlos Alberto Pinzón Molina.” En dicho documento existe una lista detallada de una gran cantidad de irregularidades encontradas en los contratos asignados a esta persona natural firmados entre 2010 y 2013.
El resumen de esas irregularidades incluye el incumplimiento de los objetos contractuales a pocos días del vencimiento de los contratos, ausencia de varios soportes sobre el valor de los servicios ejecutados, afectación de rubros presupuestales que no tienen que ver con la labor desarrollada, sobrepaso del tope de la contratación por la modalidad de mínima cuantía mediante la asignación de adiciones, desconocimiento de las observaciones de los interventores, entre otros.
Destaca la Contraloría también que esa persona concentraba una muy importante cantidad de contratos que en total sumaban $4.511 millones de pesos y eran firmados con distintas alcaldías locales. Según el ente de control, se generaba la duda sobre la real capacidad de ejecución de una persona natural ante tantos frentes de trabajo. En un informe posterior se encontró que la concentración persistía entre 2012 y 2015.
“La concentración en una persona natural preocupa, además de la diversidad de tareas que asume este contratista. Entre las que se encuentra la producción logística y cultural de eventos, la planeación y ejecución de las vacaciones recreativas para niños, campamentos estudiantiles, procesos de formación de escuelas deportivas y, al lado de estas acciones, se encuentra un contrato para difundir mecanismos alternativos de solución de conflictos y otro para atender personas y familias que han sufrido hechos de violencia intrafamiliar” señaló la concejal Mafe Rojas.
La cabildante del Partido Alianza Verde, advirtió que la Veeduría Distrital también alertó sobre la concentración contractual de las localidades con este contratista. En 2013 esa entidad encontró 12 contratos firmados con esa persona bajo diferentes modalidades de selección.
Pero la situación persiste en la actual administración. Al examinar los datos entregados por la Secretaría de Gobierno para 2017 y lo corrido de 2019 se evidencia que en ese periodo el señor Pinzón Molina, tiene un monto contratado de $6.210 millones de pesos según los datos disponibles.
Ya se han venido escuchando quejas y hay dudas que rodean de nuevo a este contratista. La Veeduría hizo el análisis del Contrato 173 de 2017 firmado con la Alcaldía de Fontibón. Allí halló que la propuesta ganadora del proceso de selección nunca fue publicada en el SECOP y que el estudio de mercado que sirvió de base para el proceso estableció unos requerimientos para el equipo de trabajo muy distinto al que apareció finalmente en los pliegos. La entidad afirma que esto constituye posible desconocimiento de principios contractuales como planeación y transparencia.
Otro caso que evidenció la Concejal Rojas y cuestionado por la Contraloría antes por su concentración contractual fue la Asociación de Hogares SI a la Vida. Tuvo asignados $6.233 millones entre 2010 y 2013 con 35 contratos en esos 4 años. Entre 2018 y 2019 tiene a su cargo $3.064 millones con ocho contratos (en poco más de un año). Realiza logística de eventos, actividades culturales y deportivas, acciones de prevención de violencia en contra de mujeres y formulación de proyectos e iniciativas comunales para fomentar la participación. Pueden observarse otros casos con montos menores como el de Serviaseo. Tiene cinco contratos para prestar el servicio de aseo en distintas localidades por $587 millones de pesos.
Ante esta preocupante situación la cabildante dijo que estos casos son una muestra que revela varios problemas de la contratación pública. Un primer problema es que no existe una norma que limite la cantidad de contratos asignados a una persona o empresa ya sea por contratación directa, licitación o selección abreviada. Esto genera el riesgo de que ninguna de las actividades a las que se compromete un solo contratista (especialmente una persona natural) se cumplan a satisfacción.
Se observa que las advertencias formuladas por entes de control como la Veeduría o la Contraloría no parecen tener efectos prácticos en la contratación posterior, especialmente en la que puede ser difícil de vigilar por su volumen y diversidad como la de los Fondos de Desarrollo Local. Por tal razón Rojas consideró que las veedurías ciudadanas podrían ayudar a controlar en ámbitos locales y específicos este tipo de conductas poco transparentes.
