Desde el Concejo de Bogotá, el concejal Julián Espinosa, del Partido Alianza Verde, manifestó su rechazo a la decisión adoptada por la Alcaldía de Bogotá de trasladar a más de mil integrantes de la comunidad indígena Emberá desde la Unidad de Protección Integral La Rioja hacia el predio del Instituto Distrital de la Participación (IDPAC), ubicado en el barrio Montevideo, contiguo a Salitre Plaza.
“La Alcaldía de Bogotá toma esta decisión de forma unilateral, sin consultar a los vecinos del sector que serán directamente afectados. Mientras asegura que ha concertado con distintos actores, excluye precisamente a la ciudadanía que vive junto al IDPAC, en barrios que ya cargan con múltiples impactos urbanísticos y sociales”, señaló el concejal Espinosa.
El concejal advirtió que zonas como Montevideo, Salitre, Salitre Greco, La Esmeralda, Quirinal y Pablo VI ya enfrentan una presión creciente por el aumento constante de eventos en el Parque Simón Bolívar, la construcción del centro de espectáculos Vive Claro, las actividades en El Campín, la conflictividad alrededor del Terminal de Transporte y el crecimiento de la habitabilidad en calle. “Ahora, sin diálogo ni planificación, se les impone también la llegada de la comunidad Embera”, subrayó.
Adicionalmente, Espinosa expresó su preocupación por un posible detrimento patrimonial en el uso del predio del IDPAC:
“Hace poco tiempo, el Distrito invirtió cerca de 1.500 millones de pesos en la adecuación del predio del IDPAC para oficinas administrativas. Ahora, esa misma sede será intervenida nuevamente para convertirla en un espacio de alojamiento temporal para las familias Embera. Esta falta de planeación no solo afecta a los vecinos: también compromete recursos públicos”.
Desde el Concejo se hace un llamado a la Administración Distrital a revisar esta decisión, abrir espacios de participación real con las comunidades vecinas y buscar soluciones de alojamiento que respeten tanto los derechos de las poblaciones indígenas como los principios de planeación urbana, sostenibilidad y diálogo social.
Finalmente, Espinosa pidió al Gobierno Nacional a asumir su responsabilidad en la atención estructural de la población indígena desplazada, mediante una política integral que no deje recaer exclusivamente sobre Bogotá una carga humanitaria que exige coordinación interinstitucional, inversión nacional y soluciones definitivas para el traslado de la comunidad indígena a sus territorios.
