El concejal Marco Acosta expresó hoy su profunda preocupación y rechazo frente al proyecto de ley que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentará el próximo 20 de julio, el cual busca modificar la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La iniciativa plantea otorgar beneficios penales a integrantes y jefes de estructuras criminales, grupos armados ilegales y redes del crimen organizado que se sometan a la justicia. Para el concejal Acosta, esta propuesta representa una amenaza directa a la justicia, a los derechos de las víctimas y al principio de no impunidad.
Entre los puntos más críticos del proyecto se encuentran:
- Reducción de penas a 5‑8 años para cabecillas y 2‑5 años para miembros de base.
- Posibilidad de libertad condicional tras haber cumplido el mínimo de la pena.
- Participación en política para quienes cumplan la pena alternativa, salvo inhabilidades constitucionales.
- Prohibición de extradición con el argumento de proteger los derechos de las víctimas.
- Creación de zonas de paz y espacios alternativos de reclusión, como colonias agrícolas o casas étnicas.
El concejal reiteró que este tipo de medidas debilitan gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y ponen en duda el verdadero compromiso del Estado con la justicia y la verdad.
Desde el Concejo de Bogotá, Marco Acosta hace un llamado urgente a la ciudadanía, al Congreso de la República y a los organismos de control a vigilar de cerca este proyecto y exigir que cualquier medida de sometimiento a la justicia respete los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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