El miércoles 5 de julio de 2014, la Administración Distrital, le pidió al Congreso de la República penalizar el porte de armas blancas por parte de la ciudadanía, luego del asesinato del subintendente, Jesús Arango, a manos de delincuentes que por robarle su bicicleta le propinaron varias heridas con esta clase de objetos corto punzantes.
La declaración inmediatista de parte del Distrito, que reconoce a través del subsecretario de Seguridad y Convivencia, de la Secretaría de Gobierno, que el 30 por ciento de los asesinatos en Bogotá son causados “con cuchillos y puñales”, generó la crítica del concejal de Bogotá, Orlando Santiesteban Millán, hacia las políticas de seguridad del gobierno presidido por Gustavo Petro Urrego.
Como autor del Acuerdo 517, de 2012, por medio del cual se prohíbe el porte, venta y compra de todo tipo de armas blancas en el espacio público, en escenarios deportivos, culturales o de recreación en Bogotá, el cabildante, asegura que el Gobierno Distrital no ha hecho nada para impedir el porte de estos elementos peligrosos, los cuales son utilizados por los delincuentes en los atracos callejeros, que han dado cuenta de numerosas muertes violentas a ciudadanos que viven en la Capital de la República.
Su declaración se basa en la afirmación hecha por el mismo Distrito, que reconoce no haber logrado resultados satisfactorios en contra de impedir el porte de armas blancas por parte de personas al margen de la ley, que las adquieren en cualquier parte de la ciudad y las utilizan en contra de los ciudadanos de bien sin ninguna regulación.
Santiesteban Millán, asegura que dicha permisividad en la compra indiscriminada de estos objetos peligrosos y sin control por parte de las autoridades capitalinas, existiendo un acuerdo del Concejo de Bogotá que reza en este sentido y el cual no se ha cumplido, como lo reconoce la Administración Distrital al afirmar que lleva dos años tratando de impedir el porte de armas blancas en la ciudad, ha engrosado el fenómeno de violencia que finalmente dio como resultado la muerte del subintendente Arango.
Recordó que el citado acuerdo da una serie de pautas que el gobierno de la ciudad debe aplicar y que no ha cumplido, entre ellas exigir a los establecimientos de comercio llevar un registro detallado de las personas que adquieran armas blancas, cuyo control al registro lo deberá realizar la Policía Metropolitana de Bogotá.
Que las personas que las requieran para desarrollar su arte, profesión u oficio y tengan necesidad de usar tales objetos, podrán, sin embargo, portarlas y usarlas únicamente durante el ejercicio de su oficio, profesión, arte o con fines educativos. A la vez que su tenencia y/o traslado de tales elementos se deberá realizar bajo condiciones mínimas de seguridad que eviten generar un riesgo ostensible e inminente a la ciudadanía.
Finalmente, hace énfasis en que las autoridades de policía capitalinas, según el acuerdo en mención les da las herramientas para decomisar toda clase de armas blancas que se estén comercializado en el espacio público.
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