"¿Los reclusos y detenidos en Bogotá son responsabilidad del Gobierno Distrital o Nacional?. desarticulación y pimponeo entre la Nación y el Distrito, nadie asume la responsabilidad”. concejal Carlos Carrillo.
Para el Concejal, la falta de articulación entre el Gobierno Nacional y Distrital para llegar a un acuerdo de responsabilidad frente al sostenimiento de la población detenida, ha sido uno de los principales factores del hacinamiento que se presenta en los equipamientos de seguridad del Distrito. Lo cual representa, no solo una violación a los derechos humanos, sino que también pone en riesgo la vida de los ciudadanos, al generar aglomeraciones en pleno tercer pico de la pandemia causada por COVID.
Mientras que en enero de 2020 habían 1362 detenidos y condenados en centros de detención transitorios en Bogotá, con capacidad de 742, en diciembre aumentó con 2569 detenidos, con tan sólo 1102 cupos, por lo que a pesar del incremento de cupos, se puede evidenciar que el hacinamiento pasó del 84% al 133%.
Un claro ejemplo se puede evidenciar en el CTP de la Carrera 39 con Calle 10, en la localidad de Puente Aranda, a cargo de la Secretaría de Seguridad, donde se encuentran 997 reclusos y detenidos, en un equipamiento diseñado para apenas 570 cupos, es decir, está casi al doble de su capacidad.
Mientras el Gobierno Nacional impone la obligación, el Distrito se niega a suscribir convenios interadministrativos con el INPEC, lo que ha implicado que el INPEC impida el ingreso de detenidos previamente a las cárceles nacionales, frente a lo cual el Cabildante le pregunta al Secretario de Seguridad, Hugo Acero "¿Hasta cuándo vamos a seguir este pimponeo y quién asumirá la responsabilidad?".
Por otro lado, el Concejal manifiesta que, por más que algunos insistan en deshumanizarlos, los condenados siguen teniendo derechos, de igual forma, para los detenidos que aún no han sido condenados ante un juez y que permanecen en equipamientos de la ciudad.
Finalmente, el Cabildante resalta que la Administración sólo se ha limitado a construir equipamientos en Puente Aranda, sin licencia y sin plan de implantación, cobijados en los Decretos Legislativos 546 y 804 de 2020. Frente a esto, el Cabildante del Polo afirma que no es una verdadera solución al problema ni tampoco se puede hacer a tiempo.
