En el debate de control político sobre obras viales y ejecución del Plan de Desarrollo, titulado “Prórrogas: negocio infinito”, la concejala Donka Atanassova advirtió que la ciudad está atrapada en un modelo de contratación donde las prórrogas (más tiempo) y las adiciones (más recursos) dejaron de ser excepcionales para convertirse en la regla.
Según la cabildante, este esquema ha consolidado un “carrusel” que permite que las obras se estanquen y acumulen múltiples prórrogas —hasta 17 en algunos casos— junto con adiciones por miles de millones de pesos, debilitando la planeación, el control ciudadano y la sostenibilidad fiscal.
Durante el debate se reconoció que el “plan de choque” anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán logró reducir indicadores de atraso: los proyectos con retrasos en ejecución pasaron del 72,4% al 34%, y los que presentaban retrasos simultáneos bajaron del 48,7% al 22,4%. No obstante, la concejala señaló que la disminución de atrasos no ha estado acompañada de un freno efectivo al uso reiterado de prórrogas y adiciones. Además, advirtió que los 39 nuevos frentes abiertos por la actual administración podrían entrar al mismo ciclo si no se modifican las reglas de contratación y seguimiento.
La concejala también cuestionó la priorización de proyectos, señalando que mientras se insisten en megaproyectos como la ALO Norte —que aún no cuenta con la totalidad de predios adquiridos—, permanecen suspendidas obras clave de mitigación del riesgo y cuidado territorial en zonas vulnerables, especialmente en el sur y suroccidente de la ciudad.
Otro de los hallazgos expuestos tiene que ver con las justificaciones presentadas por contratistas para sustentar retrasos, entre ellas la falta de personal especializado o demoras en la conformación de equipos. “Si no tenían capacidad instalada, ¿cómo ganaron la licitación?”, cuestionó Atanassova, señalando fallas en la exigencia de idoneidad, en la interventoría y en el seguimiento institucional.
Uno de los casos emblemáticos expuestos fue el de la Avenida Mutis, que ha tenido 17 prórrogas y un incremento presupuestal del 138%, pasando de $26.573 millones a $63.269 millones, sin que los procesos sancionatorios avancen con la contundencia requerida. Situaciones similares se presentan en otras obras estratégicas, algunas con múltiples prórrogas y niveles mínimos de ejecución.
Adicionalmente, se evidenció un desbalance financiero en 16 frentes del Instituto de Desarrollo Urbano, cuyo presupuesto inicial asciende a $582.429 millones, con $345.000 millones ya girados y 31 adiciones registradas, incluso en proyectos con ejecución inferior al 4%. Para la concejala, estas cifras no cumplen estándares mínimos de planeación y control.
Como conclusiones del debate, la concejala Atanassova planteó cuatro líneas de acción urgentes:
- Reformar las reglas para que prórrogas y adiciones no sean la salida automática ante fallas de planeación.
- Evaluar caso por caso si es conveniente continuar obras con sobrecostos o suspender, sancionar y reasignar recursos cuando sea necesario.
- Exigir la actuación inmediata de los órganos de control frente a la ausencia de sanciones.
- Corregir la priorización de inversión, garantizando que las obras de mitigación del riesgo y las localidades del sur, suroccidente y suroriente no sigan relegadas.
“Sin cambiar el modelo, Bogotá seguirá pagando más por menos y pagando tarde”, concluyó la concejala.
