El sistema de videovigilancia de Bogotá enfrenta serias deficiencias que afectan la seguridad de la ciudadanía. Así lo denunció el concejal Marco Acosta en un debate de control político, donde reveló que el 46% de las cámaras de seguridad estuvieron fuera de servicio en 2024, y aunque se ha reducido el número de dispositivos inactivos, la cobertura sigue siendo insuficiente para la ciudad.
Desde 2019, la ciudad no ha adquirido una sola cámara nueva, manteniendo el mismo número de 5.828 cámaras a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Sin embargo, una parte significativa de estos equipos no ha estado en operación. En agosto de 2024, 2.706 cámaras estaban fuera de servicio, lo que representaba el 46,46% del sistema. Actualmente, el número de dispositivos inactivos ha disminuido a 1.879 cámaras (32%), pero sigue siendo un desafío importante para la seguridad en Bogotá.
A esta situación se suma un problema estructural de cobertura. Para el 2024, la Secretaría de Seguridad reportó que el sistema de videovigilancia solo cubría el 23% del territorio urbano distrital, lo que significa que más del 75% de la ciudad carece de monitoreo en tiempo real. Esta limitación dificulta la prevención del delito y la capacidad de respuesta de las autoridades.
En cuanto a la gestión de los contratos de mantenimiento, el concejal Marco Acosta expresó su preocupación por la eficiencia en la ejecución de estos recursos. Se han identificado 521 mantenimientos en los que, a pesar de la intervención, las cámaras no quedaron operativas, además de pagos duplicados en 107 dispositivos registrados en dos contratos distintos. Estas inconsistencias han generado dudas sobre la supervisión y ejecución de los procesos.
Entre 2021 y 2023, la Contraloría de Bogotá identificó posibles irregularidades en la administración de los contratos por un valor de $5.379 millones, mientras que en los últimos 20 meses, la Alcaldía ha destinado $30.000 millones para el mantenimiento y modernización del sistema. No obstante, la disponibilidad de las cámaras sigue estando por debajo de lo esperado.
Actualmente, Bogotá cuenta con 0,73 cámaras por cada 1.000 habitantes en el mejor de los casos, y solo 0,54 cámaras operativas considerando aquellas que realmente están en funcionamiento. Esta cifra está muy por debajo de los estándares internacionales, que recomiendan entre 10 y 50 cámaras por cada 1.000 habitantes para un monitoreo eficiente.
El concejal Marco Acosta hizo un llamado a la administración distrital para fortalecer la supervisión de los contratos y garantizar que los mantenimientos realizados se traduzcan en mejoras efectivas en el sistema. También solicitó una auditoría urgente sobre los pagos realizados, así como la publicación de informes periódicos que permitan hacer seguimiento a la modernización de la videovigilancia en la ciudad.
“La seguridad en Bogotá no puede depender de un sistema con fallas constantes. Es fundamental que los recursos asignados se traduzcan en soluciones reales para los ciudadanos”, concluyó Acosta.
Para mayor información, comuníquese con la oficina de prensa del Concejal Marco Acosta.
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